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martes, noviembre 26, 2024

La Fiscalía pide controles de alcohol y drogas a ciclistas y usuarios de patinete eléctrico

El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, envió este lunes un oficio a las policías urbanas de tráfico para que incrementen los controles de alcohol y drogas a los ciclistas y los usuarios de patinete eléctrico y otros vehículos de movilidad personal.

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Esta petición se acompaña de un dictamen remitido a la red de fiscales delegados de seguridad vial con propuestas ante la proliferación no sólo de vehículos de movilidad personal homologados, sino de “falsos” vehículos de ese tipo que son “auténticos ciclomotores”, según comentó Vargas este lunes en una rueda de prensa en Madrid.

Vargas indicó que la creciente venta de bicicletas y vehículos de movilidad personal es “una buena noticia para la movilidad sostenible”, pero añadió que, al mismo tiempo, “se viene produciendo un incumplimiento sistemático de la normativa vial”, lo cual crea “inquietud” e “inseguridad” a los ciudadanos. “No hay movilidad sostenible si realmente no se respetan las normas viales porque no hay convivencia”, sentenció.

Por ello, el oficio propone a las policías locales establecer controles de control y drogas a ciclistas y usuarios de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal para que “se visibilicen” por parte de los ciudadanos.

Además, apunta que hay vehículos de movilidad personal que son “auténticos ciclomotores” y suponen “un fraude de ley porque» circulan sin permiso de circulación, seguro obligatorio ni carné por parte de sus usuarios. “La decisión es incluirlos en el Código Penal”, indicó, lo que supone que sus infractores pueden ser juzgados por conducir bajo los efectos del alcohol y/o las drogas, exceso de velocidad o circular con temeridad.

La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial también pide a las policías locales que “supervisen sus facultades con mayor rigor” en cuanto a los usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal, de manera que procedan, llegado el caso, a la inmovilización, la retirada y el depósito del vehículo cuando genera “riesgos” para la circulación.

Igualmente, reclama a las policías urbanas que investiguen los casos de posible homicidio imprudente (que conlleva una pena de uno a nueve años de prisión) o lesiones (de tres meses a seis años de prisión).

SEGURO OBLIGATORIO

Por otro lado, Vargas calificó de “clara irresponsabilidad” que ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal circulen sin seguro obligatorio porque pueden cometer infracciones lesivas.

En este sentido, se mostró partidario de que suscriban un seguro obligatorio, aunque esa propuesta está en estudio junto con la Dirección General de Seguros y el Consorcio de Compensación de Seguros para encontrar fórmulas de cobertura sobre los accidentes causados por bicicletas y vehículos de movilidad personal.

Por último, Vargas comentó que en España se venden de forma “indiscriminada” vehículos de movilidad personal no homologados en grandes superficies, centros comerciales, pequeños comercios y de forma ‘online’, lo que incumple la legislación en materia de industria y de consumidores y usuarios, por lo que propone a las policías locales que instruyan atestados y los remitan a los juzgados.

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