Varias localidades españolas ya han implantado zonas de bajas emisiones para restringir la circulación de vehículos contaminantes e impulsar el transporte público y otras maneras de moverse más sostenibles. Se trata de una medida que ya está en marcha en unas 200 ciudades europeas.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares, sin excepción, y a las localidades de más de 20.000 habitantes con mala calidad del aire a poner en marcha esas áreas antes de 2023.
Además, la DGT ha creado una señal vertical para identificar las zonas de bajas emisiones para que sea de fácil identificación por parte de los ciudadanos, independientemente de la localidad por donde circulen.
Un total de 149 ciudades españolas tienen más de 50.000 habitantes (y aglutinan al 53% de la población del país), cifra que se aumenta a 416 si se incluyen los de más de 20.000 residentes.
La guía fue presentada en un acto telemático en la sede de la FEMP, en Madrid. La subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, Susana Gómez, apuntó que Tráfico ya estableció por ley en 2015 el cierre de vías urbanas por motivos medioambientales y en 2018 comenzó a clasificar el parque automovilístico con etiquetas según su potencial contaminante.
Gómez indicó que más de 25 millones de personas viven en municipios de más de 50.000 habitantes y las islas, que concentran más del 60% de la actividad económica y el empleo, y comentó que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) supone un ejemplo para establecer zonas de bajas emisiones.
OTRAS REGLAS DEL JUEGO
El vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Toni Poveda, comentó que quedan 18 meses para que como muy tarde entren en vigor zonas de bajas emisiones en las ciudades obligadas por ley. “Vamos con el tiempo muy justo para cumplir ese requisito”, señaló.
Poveda indicó que la zona de bajas emisiones de la AMB abarca más de 100 kilómetros cuadrados y afecta a Barcelona y Hospitalet de Llobregat, más áreas determinadas de Cornellá de Llobregat, Esplugas de Llobregat y San Adrián de Besos, todo lo cual supone un territorio en el que viven más de dos millones de personas.
La zona de bajas emisiones del AMB ha contribuido a que la entrada de vehículos contaminantes haya pasado del 20% en 2017 al 2% en 2021, y facilita a quienes den de baja y achatarren su coche antiguo que puedan viajar gratis en transporte público durante tres años.
Por último, Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento y presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, comentó que “las reglas del juego han cambiado” por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
“Los ayuntamientos llevamos años diciendo que queremos una movilidad sin humos, sin ruido y, aunque es duro, sin muertos en nuestras calzadas”, recalcó, antes de añadir: “Estamos en una revolución silenciosa que tiene que hacer las ciudades más ‘vivibles’”.
Gil se mostró “convencido” de que ayuntamientos que no estén obligados por ley tendrán zonas de bajas emisiones y apuntó que cerca de 1.500 millones de euros de los fondos europeos de recuperación tras la crisis del coronavirus servirán para que las corporaciones locales implanten esas áreas y estimulen la compra de flotas de vehículos no contaminantes.
