En su informe ‘Por qué lo llaman gas natural cuando quieren decir gas fósil. Radiografía del gas en España’, difundido este jueves, Greenpeace demanda una mayor regulación y ambición climática, y alerta de que el planeta no puede permitirse una transición ecológica que dependa del gas, por lo que considera necesario fijar una fecha para el fin de su uso en el sector eléctrico no más tarde de 2030 y en el energético antes de 2040.
“Estamos en plena emergencia climática y no podemos perder más tiempo con falsas soluciones ni tecnologías innecesarias: el gas no es una energía limpia ni de transición en la que se deba seguir invirtiendo. Los gobiernos deben evitar que se asignen fondos que mantengan el gas durante muchos más años. Las energías renovables pueden cubrir todas nuestras necesidades”, apunta Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace.
Nuño indica que “las mismas empresas que usan el gas para hacer subir los precios de la energía son ahora las que piden millones de euros para nuevos proyectos de hidrógeno, pero sin una planificación y objetivos climáticos ambiciosos”. “Así solo corremos el riesgo de seguir financiando infraestructuras sobredimensionadas a través de subvenciones que perpetúan el uso del gas fósil”, añade.
El gas se ha convertido en la segunda mayor fuente de emisiones de CO2 tanto en España como en Europa (sólo por detrás del petróleo) y es el combustible fósil que más crece en el mundo. “El mal llamado gas natural es en realidad gas fósil, compuesto mayoritariamente por gas metano, un gas con un potencial de calentamiento global 84 veces mayor que el CO2 medido en un periodo de 20 años. Las pérdidas de metano durante el proceso de extracción y transporte y las emisiones de CO2 que se producen durante la quema de gas contribuyen al cambio climático y deterioran el medio ambiente”, asegura Greenpeace.
Esta organización ambiental indica que las empresas de combustibles fósiles siguen apostando por el gas y buscan la forma de acceder a subvenciones a través de “falsas soluciones que les permitan mantener su negocio contaminante”.
Por ello, Greenpeace denuncia que “las políticas climáticas nacionales siguen siendo insuficientes para asegurar el abandono de los combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero al ritmo necesario para evitar los peores impactos del cambio climático”.
En el contexto de los fondos de recuperación, la organización ecologista pide que los proyectos de hidrógeno que reciban fondos sean sólo aquellos en que se haya obtenido exclusivamente con energía renovable, para usarlo como materia prima en la industria o para usos energéticos en los que no haya otra alternativa más eficiente.
“Existe un alto riesgo de que las empresas de combustibles fósiles, que ahora abanderan esta nueva revolución tecnológica, quieran rentabilizar las inversiones que ya tienen para, además, alargar la vida de sus centrales e infraestructuras de gas”, concluye Nuño.
