La fiscal de sala del Tribunal Supremo para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, admite que la revisión de las incapacitaciones ya dictadas a la que obliga la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica aprobada recientemente “puede provocar un tapón en el sistema”.
Lo dijo durante un encuentro informativo organizado por la agencia Servimedia y la Fundación Aequitas bajo el título ‘Tras las reformas legales, las personas con discapacidad podrán tomar sus propias decisiones’.
Según explicó, la nueva legislación prevé un plazo de tres años para que los operadores jurídicos revisen las incapacitaciones ya dictadas –que quedan sin efecto con la nueva normativa-, y en su lugar establezcan un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona.
Sin embargo, también prevé que para aquellas personas que pidan de forma expresa la revisión, ésta deberá resolverse en un plazo inferior a 12 meses, prosiguió la fiscal, lo que “sí puede causar cierta presión en el sistema”.
Agregó que, además, falta aclarar qué sucederá con las incapacitaciones en trámite pero aún no resueltas o sobre las que pesa un recurso. Con todo, Segarra aseguró que se realizará “un trabajo digno y riguroso” y que “no nos limitaremos a sustituir tutelas por curatelas para ir tachando palotes y resolver el proceso”.
“Vamos a analizar caso por caso y a revisar la situación de la persona que fue incapacitada y de su entorno familiar, a fin de encontrar los apoyos que mejor se adapten a sus necesidades“ para que pueda tomar sus decisiones y ejercer los actos jurídicos que estime convenientes de manera libre e informada, tal y como establece esta nueva ley, subrayó.
(SERVIMEDIA)
