La iniciativa, transaccionada con el PP, recibió 15 votos a favor, 19 en contra y una abstención. Tanto Vox como el PP sólo fueron capaces de sumar el apoyo del único diputado de Teruel Existe.
La caza deportiva y comercial está prohibida desde el pasado 5 de diciembre en las fincas privadas de los parques nacionales de España, puesto que es la fecha establecida en la última reforma de la Ley de Parques Nacionales, que fija un periodo transitorio de adaptación de seis años para que estos espacios se adecuen a las prohibiciones recogidas en la norma, en vigor desde el 5 de diciembre de 2014.
La norma indica que las actividades prohibidas en estos espacios prohibidos no se ciñen exclusivamente a la caza deportiva y comercial, sino que también se incluyen la pesca deportiva y recreativa; la tala con fines comerciales; aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación y redes energéticas; las explotaciones y extracciones mineras, de hidrocarburos, áridos y canteras, y el sobrevuelo a menos de 3.000 metros de altura.
El texto pactado por Vox y el PP, al que tuvo acceso Servimedia, pretendía que el Congreso instara al Gobierno a realizar los cambios legislativos necesarios para que el control de poblaciones de animales en los parques nacionales mediante la actividad cinegética pudiera ser desarrollado por los titulares de fincas afectadas por el fin de la caza deportiva y la iniciativa privada, «bajo la supervisión y control de las autoridades públicas pertinentes».
Además, solicitaba un cambio de la Ley de Parques Nacionales, de 2014, para que se pudiera cazar en los parques nacionales donde «la presencia de ungulados silvestres exija el control de estas especies» y pescar en los lugares donde su práctica «no tenga una incidencia negativa» en la conservación del lugar.
Igualmente, se pedía que el Gobierno enviara al Congreso una modificación de esa norma para ampliar la prórroga de cazar en determinados parques nacionales «hasta que se establezca una solución definitiva con los propietarios afectados».
PORTAVOCES
El portavoz de Vox, Ricardo Chamorro, apuntó que el fin de la moratoria a la caza -vencida el pasado 5 de diciembre- «no tiene en cuenta las repercusiones sociales, ambientales y económicas» que tiene esa prohibición en algunas comarcas con pocos habitantes y «ahonda en la ruina y la despoblación de territorios concretos», además de ser un «sinsentido» y una «auténtica barbaridad» que genera la «pérdida de cientos de puestos de trabajo» en los parques nacionales de Cabañeros y Monfragüe.
Carmen Navarro, del PP, apeló a una prórroga para que se permita la caza en algunos parques nacionales y que esa actividad de control de poblaciones de animales sea ejercida por empresas privadas que aporten ingresos para las comarcas afectadas.
Por otro lado, José Luis Aceves, del PSOE, acusó a la portavoz del PP de «autoenmendarse» porque la reforma de la Ley de Parques Nacionales que prohíbe la caza fue aprobada en 2014 con un Gobierno del PP y a Vox de «patrimonializar» la actividad cinegética cuando las leyes de caza dependen de las comunidades autónomas y «la amplia mayoría de ellas tienen el sello del Partido Socialista en los gobiernos».
Antonia Jover, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, indicó que «la incompatibilidad de la caza deportiva y comercial en los parques nacionales se estableció en 1918 con la declaración del primer parque nacional y se ha mantenido hasta hoy». «¿Hablan ustedes de tradiciones? Si no les basta los argumentos conservacionistas de la prohibición, tómenselos como una tradición centenaria a conservar», añadió dirigiéndose a los diputados de Vox.
