Esta ley orgánica, conocida también como ‘ley Rhodes’, en alusión al pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su infancia, tiene como objeto “garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia (…) estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida”. También vela por el interés superior del menor y apuesta por crear entornos seguros para los niños y extenderlos al mundo virtual y la protección de la imagen de los pequeños, incluso después de su fallecimiento.
Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, aseguró que la aprobación de la ley promueve “un cambio cultural que implica un rechazo a cualquier forma de violencia hacia la infancia”. Según la ministra, la ley supone “un hito” y “un antes y un después” porque regula por primera vez estas cuestiones desde “un enfoque inequívoco de derechos”.
En su intervención, Belarra se refirió a algunas cuestiones concretas que plasma el texto, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como que se prohíbe el desnudo integral para determinar la edad de menores, cuestión que afecta especialmente a los menores no acompañados, como los miles de migrantes que han llegado estos días a Ceuta. Según dijo, esa prohibición responde a su “compromiso personal” desde que fue elegida diputada en 2015. “Esto está prohibido desde este momento”, aseguró.
La ley también prohíbe “que se pueda atar a un menor a un punto fijo en centros de menores”, práctica ante la que ha protestado “reiteradamente” el Defensor del Pueblo, y establece la creación del Consejo estatal de participación, que tendrá “un rol clave para escuchar a los niños”. “Sed críticos y decidnos qué tenemos que mejorar”, pidió Belarra a los menores.
MEJORAS
La responsable de Derechos Sociales también citó otras “mejoras” alcanzadas en los últimos momentos del trámite parlamentario, como el aumento de los tiempos de prescripción de los abusos a menores, que no empezarán a contar hasta que la víctima cumpla 35 años y “que se asegure que se escuche a los niños o puedan denunciar por sí mismos”, sin la presencia de un adulto.
Asimismo, Belarra subrayó que los legisladores han sido “capaces de cristalizar en este texto la perspectiva de género” y agradeció su aportación en este campo a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Recalcó que la legislación acaba con “el falso síndrome de alineación parental” que desacredita el testimonio de niños por “manipulación materna” en conflictos familiares y la suspensión del régimen de visitas al padre cuando el niño ha presenciado violencia. “No son espectadores, son víctimas directas”, lamentó, antes de reiterar que “un maltratador jamás será un buen padre”.
Finalmente, la ministra recordó que el Gobierno ha previsto “más de 70 millones” para que la ley “se pueda desplegar al máximo”; puso en valor, “el trabajo incansable” de las organizaciones de infancia y agradeció al pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su infancia, por “su compromiso y dedicación”. “Sin él esta le y no se hubiera aprobado”, apostilló.
DEBATE
Durante el trámite parlamentario de la norma se subrayó que la pandemia de la Covid-19 y el confinamiento han agravado la violencia contra la infancia, que se produce mayoritariamente en el ámbito del hogar y los conocidos del menor.
En el debate de las enmiendas incorporadas en el Senado los portavoces de los grupos parlamentarios mostraron este jueves de forma mayoritaria su apoyo a la nueva normativa. Por el Grupo Socialista, Omar Anguita, se felicitó precisamente del consenso parlamentario ante la idea de que “no hay nada más frágil” que proteger la infancia “como hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta», dijo.
En este punto también recordó la labor de voluntarias como Luna, la chica de Cruz Roja que protagonizó imágenes virales consolando a un joven subsahariano que entró por la frontera marroquí a Ceuta y a quien Anguita calificó de “patriota” frente al “efecto llamada” que en su opinión provoca Vox.
El diputado recordó que esta ley tratará de combatir la violencia contra los menores también donde más se producen, en el hogar, pues, subrayó, “los abusos se dan mayoritariamente de puertas para adentro” y que buscará escuchar “la intuición” de los niños a través de un órgano asesor.
DESDE EL GOBIERNO DEL PP
La parlamentaria ‘popular’ María de la O Redondo aplaudió que se hayan aceptado enmiendas presentadas por su grupo y destacó que el PP ha trabajado por el interés superior del menor desde que arrancó los trabajos de esta normativa cuando estaba en el gobierno de la mano de Save the Children y la Universidad Pontificia Comillas.
No obstante, aseguró que queda “mucho por hacer” y que la normativa se debería desarrollar en dos años. “No es la primera vez que se hace una buena ley y luego no se desarrolla y en la financiación no nos han dejado ni entrar”, criticó. Redondo también llamó a que sea una ley “de todos los niños y adolescentes y quienes llevan mucho tiempo esperándola porque fueron víctimas de algún tipo de violencia” y afeó la labor del anterior ministro, Pablo Iglesias, por sus “aportaciones muy escasas”, que fueron “poco más aparte de bautizarla como ‘Ley Rhodes’”. La diputada popular también lamentó que Vox se refiriese a la nueva norma como ‘Ley Herodes’.
Así la calificó durante su turno la diputada María Teresa López, que afeó al Ejecutivo que promueva una ley de infancia cuando “no le gusta” que se hable de la protección de los niños en el vientre de sus madres y que, durante el trámite, se haya “cedido” a los nacionalistas que no apoyaron en sus primeros pasos porque aseguraban que invadía competencias territoriales.
“LEY MUY IMPORTANTE”
Las organizaciones de menores también recalcaron este jueves que se trata de una ley relevante. Así lo recalcó el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, que aglutina a decenas de las principales entidades que defienden los derechos de niños y adolescentes. Ibarra, manifestó en su deseo de que la norma “suponga un antes y un después en cómo es percibida la violencia que sufren los niños y las niñas en España”.
En su opinión, es “una ley muy importante porque incluye muchísimas medidas, como por ejemplo el aumento de la prescripción de los delitos sexuales, la creación de figuras nuevas como el coordinación de protección en centros escolares o en el mundo deportivo, mayores controles en los centros de protección, creando canales de denuncia seguros y confidenciales para los niños y las niñas, pero no solo por todas estas medidas, sino porque esta ley tiene un enfoque integral y preventivo, tratando de que los profesionales que trabajan con niños y con niñas tengan los recursos suficientes y la capacidad de detectar esta violencia y actuar adecuadamente”.
A este mensaje, recogido en un vídeo difundido en redes sociales por la plataforma, Ibarra sumó una reivindicación por parte de las organizaciones de infancia: “Es una ley sin embargo que no acaba hoy, que tiene mucho que hacerse después, porque necesitamos que tenga recursos suficientes; una estrategia integral que permita desarrollarla en plenitud. Y también las comunidades autónomas tienen que desarrollar aquello que les compete dentro de esta ley que son muchísimas cuestiones, así como el Gobierno se ha comprometido a que dentro de un año presentará en las Cortes proyectos de ley para desarrollar juzgados especializados en la infancia, una fiscalía adaptada a los niños y las niñas y un nuevo procedimiento de determinación de la edad”.
“Desde la Plataforma de Infancia trabajaremos intensamente con nuestras organizaciones miembro para que esta ley se lleve a cabo y garantizar que todos los compromisos se cumplan”, advirtió.
