“Marea Por La Inclusión”, espacio del que participan varios colectivos de familias y profesionales de diferentes provincias andaluzas -Ampas en Pie, Escuelas de Calor, Córdoba Incluye, Niñ@s del Sur, Asociación Decolores, Nuestros Pequeños Guerreros, Mediadores Comunicativos de Andalucía, ASMECO, PTIS en lucha y Juntos por la Diversidad- consideran que el proceso de escolarización está “desvirtuado” por la falta de recursos de apoyo suficientes para la atención a la diversidad con los que parece va a dotarse a los centros. Denunciamos que se está “invitando” a las familias a cambiar a sus hijos con diversidad funcional a otros centros porque no podrán atenderlos en el que han solicitado o venían cursando su escolaridad. Esto vulnera su derecho a una educación pública de calidad y no respeta la libertad de elección de sus familias. Escolarizar debe ser más que asignar plaza.
Pablo, 9 años, con autismo y una hermana en el colegio de su barrio, en un municipio próximo a la capital. Este año pasa a 4º de Primaria y se aconseja a su familia que lo matricule en otro centro, de una localidad cercana, porque no va a llegar el recurso que necesita. No es un caso aislado.
Hermanos separados, niños y niñas sin recreo por falta de PTIS, familias mendigando recursos, equipos directivos saturados de presión, ratio inabarcable para las maestras y maestros de PT (pedagogía terapéutica) y AL (audición y lenguaje), diagnósticos pendientes y postergados hasta un año por escasez de Equipos de Orientación Educativa, dictámenes de escolarización que no se cumplen por falta de recursos (es como si en el campo de la salud el diagnóstico médico y su tratamiento no se siguiera), estrés profesional, centros gueto, maestras y maestros de aula ordinaria sin apoyo en el aula para su alumnado con NEAE con lo que su labor educativa se resiente para toda la clase y situaciones de apoyo puntual, problemas leves de aprendizaje o altas capacidades quedan prácticamente desatendidas. Este es el retrato tipo de la atención a la diversidad que se hace en la Educación Pública andaluza pese a la voluntad que ponen sus profesionales.
Para poner de manifiesto esta situación que viene siendo lo habitual curso a curso y que se agrava en la medida que el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) aumenta, Marea Por La Inclusión ha dirigido un llamamiento en forma de Carta Abierta a la Administración Educativa, a los Consejos Escolares y a las Mesas de Escolarización para que no entiendan el proceso de escolarización como “colocación de alumnos/as en plazas», sino como garantía de que el alumnado va recibir respuesta a sus necesidades educativas en el centro asignado y solicitado por su familia en el uso de su libertad de elección. Y si no hay recursos, no puede haber tales garantías.
Es una obligación ética y de compromiso social denunciar esta situación y solicitar de la Administración Educativa que refuerce la dotación de recursos materiales y humanos para que la atención a la diversidad sea posible, real, digna y de calidad en todos los centros y puedan seguirse los criterios pedagógicos que deben primar en la labor educativa. Los recursos deben ir a donde esté el alumnado y no éste a donde haya recursos.
Esta situación no es sólo el problema de las familias que tienen un hijo o hija con diversidad funcional, sea esta una discapacidad, un trastorno temporal o altas capacidades, sino un problema que afecta a toda la comunidad educativa. Mejorar la atención a la diversidad es mejorar la Educación Pública. Resignarnos a la precaria atención educativa que nos ofrecen no es la solución, debemos exigir que se cumplan nuestros derechos y en esta lucha cada sector de la comunidad educativa juega un papel. Ganamos o perdemos todas.
Recuérdese que la inclusión no es opcional, sino un derecho reconocido para todas las personas con diversidad por tratados internacionales que nuestro país ha refrendado y, por tanto, es una obligación que los poderes públicos deben cumplir. Esa obligación en la escuela pasa por la inversión y los recursos materiales y humanos que hagan esta inclusión posible.
Sin embargo, de unos años para acá se están imponiendo unas políticas educativas que precarizan la atención a la diversidad, dejan necesidades sin atender y pretenden que los niños y niñas vayan a los centros donde prevén concentrar esos recursos, en vez de acercar los recursos a donde están los niños que los necesitan. Eso produce segregación en lugar de inclusión, vulnera derechos y reduce la calidad educativa para todo el alumnado, tenga o no NEAE.
