Los colegios de médicos subrayaron que “no podemos acostumbrarnos y tolerar ningún nivel de morbimortalidad evitable”, por lo que instaron a “cohesionarnos” en este segundo año de pandemia, con el fin de proporcionar una “respuesta conjunta y solidaria” por parte de todas las instituciones y territorios.
Esto les sirvió para apelar a todos los actores políticos e institucionales a que “abandonen o mitiguen la rivalidad política partidista”, centrando su acción en “gobernar la salida de la crisis, y a aportar iniciativas para acciones más globales e integradas”.
Luego de determinar que este año los esfuerzos deben centrarse en “completar la protección de los más vulnerables, y conseguir lo antes posible la inmunidad poblacional”, citaron como una preocupación aquellas “oleadas epidémicas” que generan tanta “desesperanza” como el propio virus: “la fatiga política que se manifiesta en actitudes y comportamientos explicables pero inaceptables”.
Lamentaron que exista “un acostumbramiento y una tolerancia a una tasa de fallecidos, ingresados y enfermos, elevada y también evitable”, que provoca una relajación de las medidas de contención del virus.
Por ello, aseveraron que la “debilidad normativa actual” para hacer frente a las medidas de restricción de la movilidad y limitación de derechos fundamentales “aconsejaría como medida inmediata mantener activo el estado de alarma, para que las medidas tengan mayor seguridad jurídica y homogeneidad”.
Ante la “gran heterogeneidad de la incidencia” de la pandemia en las comunidades autónomas, recomendaron a aquellos que tengan un nivel de riesgo alto o extremo que “colaboren con la contención de la expansión de la enfermedad en otras limítrofes con riesgo bajo”. “La lealtad institucional, más que un deseo, es una obligación”, atestiguaron.
Señalaron que “el mantenimiento de una alta rivalidad política e institucional, que bloquea la cooperación, confunde a los ciudadanos, se sustrae a la tentación de usar la información según la conveniencia del momento, y dificulta el aprendizaje colectivo de buenas prácticas”.
También expusieron la necesidad de que los fondos europeos que España recibirá para paliar la crisis sociosanitaria provocada por la pandemia se dirijan a “abordar la necesidad de la política de salud y del Sistema Nacional de Salud (SNS) como garantía de bienestar y de sostenibilidad a largo plazo”.
Por esa razón, recogieron en un decálogo las decisiones que han de tomar las autoridades competentes: “vacunar decididamente y depositar la confianza colectiva en las autoridades de Salud Pública”; “aceptar, cumplir y hacer cumplir” los acuerdos para controlar la pandemia; evaluar la respuesta española a esta crisis de salud pública internacional para aprender y prevenir episodios similares en el futuro; utilizar los fondos europeos para “refinanciar y hacer competente y sostenible al Sistema Nacional de Salud”; fortalecer el capital humano del SNS; revertir “la descapitalización de infraestructuras y equipos” y poner en marcha un “enfoque innovador en lo organizativo y tecnológico”; afrontar la pandemia desde un “enfoque ético vigoroso”; dotar al SNS de recursos y acciones que le permitan “recuperar su suficiencia y solvencia asistencial”; reivindicar “el fomento de la buena ciencia a través de la investigación y la generación de la evidencia”; e incorporar en la agenda pública y política la puesta en marcha de las líneas aprobadas en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica.
