Así lo asegura en el informe anual que la institución presentó este jueves de forma telemática en el registro de las Cortes, donde se hizo eco de los 29.335 los expedientes que tramitó en 2020. De ellos, 2.579 estuvieron relacionados con la educación.
Según el informe, en las primeras semanas tras la declaración del primer estado de alarma se suspendieron las clases y muchas familias trasladaron al Defensor sus dificultades para acceder a los sistemas de educación a distancia al no tener acceso a la red o no disponer de dispositivos de conexión para poder continuar con la actividad lectiva por medios telemáticos.
Estas inquietudes fueron trasladadas al Ministerio de Educación y Formación Profesional para que, una vez reanudada la actividad educativa presencial, “se promoviese la adopción de las medidas compensatorias y los apoyos específicos que pudiera precisar el alumnado en función de sus circunstancias personales, así como la fijación de criterios de evaluación y promoción teniendo en cuenta los problemas específicos que la crisis sanitaria ha provocado en todas las enseñanzas”, asegura la institución.
En el mes de junio, el Defensor inició una actuación de oficio con todas las administraciones educativas para conocer sus planes y previsiones de cara a la vuelta presencial a las aulas que tuvo lugar en septiembre. Esta actuación se retomó en 2021 para evaluar la idoneidad de los planes y protocolos aplicados en el nuevo curso y conocer la cobertura real de las plazas docentes.
INVERSIÓN IMPRESCINDIBLE
El Defensor del Pueblo asegura en su documento que es “consciente” de las inversiones que todas las comunidades autónomas vienen realizando en la formación del profesorado y en la dotación de infraestructuras y equipamientos tecnológicos para el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas digitales) desde el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, apunta que “la pandemia ha mostrado que es necesaria una mayor inversión para conseguir la innovación metodológica y la transformación de la organización escolar, que en estos momentos resulta, más que nunca, imprescindible”.
Además, en este ejercicio han continuado llegando quejas de ciudadanos manifestando que la atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo no era la adecuada por la falta de medios personales o materiales necesarios para garantizar la educación inclusiva, tanto en las enseñanzas básicas, como en los niveles de enseñanza no obligatoria.
En el ámbito de la educación universitaria, la actuación del Defensor se dirigió esencialmente a servir de enlace con las universidades cerradas por la pandemia a las que los alumnos no lograban acceder para realizar trámites académicos, y también para proporcionarles información actualizada sobre las medidas adoptadas por cada uno de los centros para finalizar el curso.
HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS COLAPSADA
En este ejercicio también recibió numerosas quejas por demoras en la tramitación de expedientes de homologación de títulos universitarios extranjeros. A pesar de los esfuerzos y medidas adoptadas por el Ministerio de Universidades, el Defensor lamenta que durante 2020 “haya continuado la situación de colapso”, llegándose a acumular más de 30.000 expedientes, “situación inaceptable que los órganos implicados continúan atribuyendo a estar desprovistos de los suficientes recursos humanos y materiales para hacer frente a una adecuada gestión de sus funciones”.
Para paliar la falta de personal sanitario, el Defensor formuló una recomendación a la Dirección General de Ordenación Profesional y a la Secretaria General de Universidades para que facilitara la incorporación de los profesionales sanitarios que en ese momento permanecían a la espera de finalizar la homologación o reconocimiento de su formación sanitaria, recomendación que fue aceptada.
