El dictamen ya fue aprobado la semana pasada en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad por 27 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones.
En concreto, el texto llegaba a la Cámara Baja tras recibir en dicha comisión los votos a favor de PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Junts Per Cat; el voto en contra de Vox y PNV, y la abstención de ERC y EH Bildu.
En el transcurso de su debate en el Congreso, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, subrayó que se trata de una ley “de enorme calado y enorme importancia para nuestro país” y agradeció sus aportaciones a las organizaciones de infancia y al pianista James Rhodes, de quien dijo que ha sido “una pieza fundamental, un motor imprescindible para que hoy podamos estar aprobando esta ley”.
“Quiero darte las gracias por tu testimonio, por haber sido capaz de hacer una cosa muy difícil, que es convertir tu dolor en cambios que van a proteger a otros niños y niñas que sufren lo que tú sufriste”, manifestó, dirigiéndose al artista para, a continuación, señalar que la ley “tiene una importancia capital” para España y, sin embargo, “ha tenido un altísimo consenso, pero una muy bajita intensidad”.
Tras recordar el recorrido parlamentario de esta ley, valoró que las organizaciones de infancia “llevan años exigiendo a nuestro país que apruebe una ley de estas características”, por lo que el actual Gobierno de coalición estimó que esta ley “era imprescindible, que tenía una enorme urgencia”.
“Pronto, por fin, esta ley va a ser una realidad efectiva y va a proteger un derecho fundamental para los niños y niñas de nuestro país, que es el derecho a tener una vida libre, segura, libre de violencias que les permita, en definitiva, ser felices”, apostilló, convencida de que se trata de una “muy buena noticia” que pueda salir adelante “con un amplísimo consenso, con el apoyo de muchísimos grupos parlamentarios” y de que el texto final “es mejor que cuando lo trajimos al Congreso”.
Belarra quiso tomarse la “licencia” de “intentar convencer” a los grupos parlamentarios que han decidido abstenerse, a quienes insistió en que esta ley busca “promover un cambio de paradigma, un cambio cultural” y enviar el mensaje “claro e inequívoco” de que la violencia contra los niños “en cualquiera de sus formas no es aceptable”.
“Una sociedad democrática no puede, ni por activa ni por pasiva, tolerar la violencia hacia los niños, ni física, ni sexual, ni verbal, ni psicológica, pero tampoco institucional y, por supuesto, no puede consentir ningún tipo de explotación, de acoso, de amenaza, de perjuicio, descuido o negligencia”, sentenció, consciente de que, con esta ley, el Congreso “dice no a la violencia contra los niños y las niñas”.
MENSAJE A LOS MENORES
“Ninguna persona tiene derecho a violentaros, agrediros o haceros daño. Ninguna persona, ya sea un adulto o un compañero o compañera de vuestra edad, tiene derecho a tocar vuestros cuerpos sin vuestro consentimiento”, recordó, dirigiéndose a los menores, a quienes instó a pedir ayuda si alguien les hace daño.
“Tenéis derecho a una vida digna, a una vida segura, a una vida feliz, sin que nadie os haga daño, tampoco a través de las redes sociales”. “Nada de lo que os ha pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”, puntualizó, para, a continuación, afirmar que, “desde luego, el Gobierno de España y sus instituciones está del lado de los niños y de las niñas” y lamentar que la violencia contra la infancia “es una realidad que genera muchísimo malestar y demasiadas veces ha sido ignorada por nuestra sociedad”.
En este sentido, comentó el caso de Emiliano, un niño que, con 10 años, sufrió agresiones sexuales de un sacerdote en el seminario donde estudiaba interno para denunciar que la Iglesia Católica en España “ha sido cómplice demasiadas veces, encubriendo la violencia sexual hacia los niños”, algo que, espetó, “tiene que terminar por Emiliano y por todos los niños que han sufrido abusos a manos de los sacerdotes”.
Por todo ello, animó a los parlamentarios a seguir trabajando para “fortalecer aún más esta ley y completar el trabajo que nos ha llevado tanto tiempo”, sabedora de que el texto “tiene que seguir mejorándose”, si bien desde hoy coloca a España “una vez más como referencia internacional en la lucha frente a todas las violencias”.
Por su parte, la diputada socialista Sonia Guerra recordó que se trata de una de las leyes “más participadas” de la Cámara Baja, en la que se han discutido más de 570 enmiendas, se han incorporado más de 200 y se han transaccionado más de 70 y defendió que, con su aprobación, la sociedad española “es más humana, más democrática y es, en definitiva, una sociedad mejor”, dado que la ley pretende que los menores “crezcan sin violencia y vivan sin miedo”.
A este respecto denunció que el 47,6% de los delitos contra la libertad sexual son contra menores y que cada año 38.000 menores sufren violencia en España, de los que únicamente denuncian el 20% y “cuatro de cada cinco callan durante semanas, meses o años y algunos callarán toda su vida”.
“La violencia contra la infancia no se nombra, pero existe”, espetó, dirigiéndose a Vox, que anunció su voto en contra de esta ley y a quienes reprochó que niegan esa violencia “porque defienden a sus verdugos contra las víctimas”.
“Muchos niños, niñas y adolescentes no se atreven a denunciar porque piensan que no les vamos a creer. Otros ni siquiera saben cómo hacerlo. Algunos piensan que la violencia es una forma de relación habitual, otros se sienten culpables y piensan que se merecen esa violencia”, lamentó, para advertir de que esta ley les defiende como “sujetos jurídicos y políticos”.
En este sentido, les dirigió el mensaje “alto y claro” de que son “ciudadanos desde que nacen” y tienen derecho “a vivir en entornos seguros en los que la base de la relación humana sea el buen trato”.
“Es nuestra obligación como poderes públicos, pero, sobre todo, nuestro compromiso como sociedad velar por vosotros y vosotras, protegeros de la violencia, venga de donde venga, la realice quien la realice y se produzca donde se produzca”, apostilló, convencida de que la norma marcará “un antes y un después” en la protección de la infancia y la adolescencia y “compromete sin fisuras” a la sociedad española con sus menores.
“Con esta ley os decimos alto y claro que queremos protegeros, que os sintáis seguros y seguras, que crezcáis sin violencia y que viváis sin miedo”. “No permitiremos que soportéis más tiempo en soledad y silencio el peso de la violencia”, agregó, advirtiendo de que, “sencillamente no se va a permitir”.
La diputada recordó que la ley “no pone el acento única y exclusivamente en la atención”, sino también en la prevención, la detección precoz, la asistencia, el asesoramiento, la reparación, la restauración y la sensibilización contra la violencia y defendió que supone “un verdadero hito y hereda el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño, pone en el centro la protección de la infancia y la adolescencia y la promoción de su pleno desarrollo”.
Entre los “muchos derechos” que el texto incorpora, citó que, a partir de ahora, los niños y adolescentes podrán denunciar “de manera personal y directa”, se mejoran las posibilidades de reparación de las víctimas de abusos sexuales y violaciones elevando el plazo de prescripción a partir de que la víctima cumpla 35 años, se establece como obligatoria la prueba preconstuida hasta los 14 años y para menores de edad con discapacidad que requieren una especial protección con el fin de “evitar la victimización secundaria” y se categoriza el mundo virtual en cuanto a los riesgos que tienen niños y adolescentes en ese ámbito.
Junto a ello, valoró que el texto tendrá “perspectiva feminista y pone, por fin, punto y final al falso síndrome de alienación parental y sus diferentes mutaciones”. “No se va a poder aplicar nunca más en nuestro país, se llame como se llame, se decline como se decline”, abundó, al tiempo que añadió que también incorpora la violencia vicaria como “una forma de violencia contra los niños y las niñas y, a través de ellos, contra sus madres”.
ENMIENDAS
En el turno de defensa de las enmiendas formuladas, por el grupo parlamentario Euskal Herria Bildu, que se abstuvo, la diputada Mertxe Aizpurua, reconoció los “avances cualitativos” que aporta el texto final respecto al articulado inicial, dado que, a su juicio, tras su paso por ponencia y comisión “se ha corregido y se ha mejorado mucho” en asuntos como la eliminación de la custodia compartida en casos de violencia de género, el derecho de los niños a ser informados o la ampliación del plazo de prescripción de los delitos, por lo que, dijo, supone una “buena noticia” para las víctimas.
No obstante, advirtió de que, aunque ha mejorado, el texto, que aporta “luces y sombras” también “es mejorable” y, en este sentido, criticó la “ausencia clamorosa” de la referencia a la violencia institucional que se da contra ellos dentro de los sistemas de protección a los menores tutelados, el error flagrante por el que dota a los servicios sociales de la condición de agentes de la autoridad con el “riesgo enorme de vulneración de derechos para los niños” que ello supone y el olvido consciente relacionado con la violencia contra los niños que resulta de los procedimientos de desahucios.
Asimismo, criticó la “invasión competencial” que, según su criterio, implica esta nueva ley con respecto a las atribuciones reconocidas por los estatutos de autonomía de País Vasco y Navarra en los ámbitos educativos, sanitarios y policiales, si bien afirmó que tampoco podían votar que no “por tantas y tanas menores desprotegidas y adolescentes vulnerables” y porque su grupo es consciente de la “necesidad y urgencia de legislar en esta materia”.
En la misma línea, el diputado Íñigo Barandiaran, del PNV, que votó en contra, afirmó que no iban a votar a favor “con harto dolor de corazón”, al entender que es una ley que supone una “regresión competencial” a pesar de que “aporta” a la protección a la infancia dentro de unos parámetros que no sólo comparten sino que incluso replican y aseguró que su partido votará a favor de una ley en este sentido “cuando sea producto del Parlamento vasco”.
“A través de una iniciativa legislativa ajena a la realidad de los problemas, lejana a quienes son capaces de plantear esas soluciones, se van a modificar aquellas políticas que sustantivamente están logrando ser eficaces”, lamentó, para indicar que esa “invasión competencial absolutamente loca” es también “ineficaz” y no tiene “ningún tipo de justificación” aunque también admitió que contempla medidas “altamente positivas”.
Por Ciudadanos, que votó a favor, la diputada Sara Giménez destacó que la ley supone un “importante avance legislativo” en la protección de la infancia frente a lo que calificó de “gran lacra social” y da respuesta a “una gran necesidad” planteada por el Tercer Sector
Entre los “avances” que recoge la ley se refirió a las mejoras que introduce a la hora de informar y escuchar al menor e incidió en la importancia de que se tenga en cuenta la realidad de los niños en situación de “mayor vulnerabilidad” y que tienen “valores añadidos negativos” como vivir en un contexto de pobreza, ser niños LGTBI o niños gitanos.
No obstante, apuntó que aún quedan “grandes temas pendientes” en este ámbito, entre los que citó la erradicación de la pobreza infantil y reclamó para esta nueva ley una dotación presupuestaria suficiente que garantice su aplicación para que no quede en “papel mojado” una norma que tiene “más pros que contras” y, a su entender, supone un “parapeto” también a situaciones de violencia en los propios centros de tutela de menores.
Por el Grupo parlamentario Plural, Néstor Rego afirmó que la ley responde a una “vieja demanda” en España y valoró que incorpore “aspectos novedosos y positivos” hasta el punto de que supone un “avance importante en las políticas integrales de protección a la infancia”, aunque también rechazó la “invasión competencial” que supone y mostró su “preocupación” por la introducción de figuras como la del coordinador parental.
Por el mismo grupo, el diputado Miquel i Valentí, señaló que se trata de una ley “más que esperada” y su aprobación, “un motivo de celebración” puesto que es una ley “buena porque protege a los más débiles”, aunque también rechazó la “invasión de competencias” que supone.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos- En Comú Podem-Galicia en Común, Lucía Muñoz comenzó su alocución defendiendo que el “mayor maltrato que han sufrido los niños y niñas y adolescentes en este país ha sido el olvido y hoy eso se acaba”. “Se acabó mirar para otro lado, la violencia hacia la infancia y la adolescencia deja de ser un asunto privado y se convierte en un asunto público para que toda la sociedad en su conjunto se haga cargo de esta realidad execrable”, abundó, consciente de que la normativa anterior “no está siendo lo suficientemente eficaz” para proteger a la infancia y de que la nueva ley puede posicionar a España como un “referente mundial”.
Muñoz pidió a los socialistas la admisión de las enmiendas presentadas por la confluencia para prohibir la entrada de menores a los espectáculos taurinos y mejorar las soluciones habitacionales para las familias con menores a cargo desahuciadas y que finalmente no fueron admitidas.
Por vox, Sara López lamentó que el Gobierno quiera “limpiar su conciencia con este proyecto” y recriminó que proteger a la infancia “no es promover el aborto” y criticó cuestiones como que no tenga en cuenta el interés superior del menor y haya tenido que “sudar la gota gorda para justificar sí o sí que determinados funcionarios públicos tengan la potestad de separar a un niño de sus padres”.
Por el PP, que presentó casi 150 enmiendas, la parlamentaria Alicia García confirmó que se trata de una ley “oportuna y necesaria” que “llega muy tarde” y recordó que está “avalada” por 500.000 firmas y “nos debería interpelar a todos”.
Los ‘populares’, dijo, han propuesto “actuaciones contundentes para reforzar los sistemas de comunicación y coordinación de todos los agentes” implicados en la lucha contra esta lacra así como mejorar la difusión de protocolos y garantizar una atención “integral y especializada” además de una detección precoz y admitió que le habría “gustado” que la ley también tuviese un “enfoque de discapacidad, inclusivo y accesible”.
Una vez aprobada en el Congreso de los Diputados, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.
