El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos Gonzalez, reclama promover la oferta de vivienda e involucrar al sector público en su desarrollo para encarar los problemas de acceso de los jóvenes y colectivos menos favorecidos frente a las tentaciones de “amenazar” la propiedad privada con medidas “intervencionistas” susceptibles de encarecer las rentas y ahuyentar la inversión.
“Con carácter general, se podrá decir que cualquier tipo de intervención en el normal funcionamiento de los mercados no es buena noticia y, en concreto, en el mundo del alquiler parece, por sinonimia en otras grandes capitales europeas, que no vaya a dar el rendimiento adecuado”, advirtió en entrevista con Servimedia, al ser cuestionado sobre la intención de Unidas Podemos de poner topes por ley en zonas tensionadas.
No obstante, prefirió no entrar a valorar esta opción frente a la propuesta del Ministerio liderado por José Luis Ábalos de establecer incentivos fiscales a los propietarios para abaratar su alquiler al no haberlas visto aún plasmadas en “un solo papel”, advirtió de que “un intervencionismo en relación al precio sin más, más que si manu militari, no parece que vaya a ser la medida que vaya a solucionar esta cuestión”, pudiendo generar “prácticas de mercado poco sanas”.
Santos mostró preocupación además de que, con las permanentes elecciones, y “al rebufo de esa inestabilidad política se dicen cosas que ponen en guardia al mercado” y “generan alarma porque el dinero es miedoso y no le puedes decir, porque estás de elecciones: voy a intervenir, voy a hacer, voy a controlar, voy a tal…”.
Frente a “la bravata” de afirmaciones que “luego no se sabe muy bien si se pueden hacer, porque luego la realidad es tozuda”, dijo que se debería “llamar al consenso a ver qué podemos hacer entre todos”. “Si no, oye, el inversor va a pensar: Yo en ese lío no me meto porque no tengo la culpa, me voy a otro sitio. El inversor que es capaz de venir a España se puede perfectamente ir a cualquier parte del mundo”, avisó, recordando que recientemente un gran fondo multinacional ya ha puesto a la venta su cartera con intención de dejar el país.
“Habrá que ponerse en la cabeza de estas grandes compañías cuando resulta que ellos vinieron con unos contratos que se pueden incumplir, que vinieron a un país que su normativa decía lo que era y eso formó parte de sus inversiones y ahora se pueden ver metidos en un debate donde esas circunstancias se pueden alterar. Bueno, pues lo normal es que, de momento, lo analicen. El segundo paso, que se pongan nerviosos; y el tercero, pues a lo mejor alguien decide que ya es momento de dejarlo”, agregó.
A pesar de que “no es bueno expropiar” y “no se puede hacer una utilización colectiva de mi patrimonio”, Santos subrayó que el problema que “venimos arrastrando desde hace tiempo es que podamos llegar a confundir la intervención a la normalización del mercado con una intromisión en el derecho de propiedad”. “La propiedad de la vivienda se encuentra amenazada” porque “bajo el subterfugio de los grandes tenedores”, al final se han llegado a establecer condiciones de uso de viviendas a tenedores con cuatro pisos o casas, es decir, a “patrimonios pequeños, familiares que viven” de su explotación.
DISTORSIONAR LA OFERTA
“Anuncios de este tipo, seguramente, que lo que harán es distorsionar la oferta, que es donde yo creo que está la clave del mercado de la vivienda”, y subir precios, dado que los grandes fondos apenas controlan un 15% de la vivienda y el 85% es “gente que tiene una vivienda o un par de viviendas, o tres, y con eso vive y se dedica a eso”.
Alertó de que el cambio de reglas de juego puede perjudicar además al crédito ya que, con el incumplimiento del contrato “que se está produciendo en aras de la salud de la ciudadanía, se está alterando la capacidad de cobro de las hipotecas” y, si las entidades no pueden cobrar sus impagos, “a lo mejor, se van a pensar el prestar o no”. “La solución no está en aumentar la morosidad de las entidades financieras o en cronificar una situación de endeudamiento con personas que no sabemos con qué derecho se quedan en sus casas”, añadió.
A su juicio, la solución pasa por “hacer más esfuerzo” para que haya una involucración directa y total del sector público y la colaboración para encarar los problemas con empresario y banca “sea eficiente”. “Llevamos 40 años legislando sobre la vivienda de los ciudadanos porque mientras tanto no sabemos el sector público donde están en el mundo de la vivienda, está interviniendo en los patrimonios de los grandes titulares, en el de la banca, el de los no sé qué… Bueno, estamos esperando a ver cuándo dan un paso adelante”, criticó.
Al respecto indicó que el Estado “sería el primer responsable de la vivienda social”, subrayando que “el artículo 47 de la Constitución es público, son -obligaciones- para los poderes públicos, es para el Estado, no para el patrimonio ni para el balance de los bancos” pese a que es el derecho a una vivienda digna el que se invoca para forzar medidas de cobijo en sus inmuebles o de los grandes tenedores para colectivos vulnerables.
“Claro que los jóvenes no pueden comprar vivienda y ¿Qué hacemos? ¿Que los bancos les regalen los créditos y luego les echa la bronca porque somos unos manirrotos o tú tendrás alguna responsabilidad en generar empleo y en colaborar a que los jóvenes puedan ser más solventes para acceder a un mercado normalizado y solvente crediticio?”, abundó. “Desde luego, y esto es absolutamente riguroso, la vivienda no es una responsabilidad de las entidades financieras”, insistió, emplazando a evitar la “consigna” de que si tienen problemas se metan en sus viviendas y “hacer políticas público-privadas en todos los ámbitos para ver qué pone cada uno en relación de su responsabilidad”.
AYUDAS Y VIVIENDA PÚBLICA SOCIAL
En su opinión, el primer desafío que hay que abordar desde el ámbito público es favorecer la empleabilidad para que tengan suficientes ingresos para tener una vida normal y “ayudar a que la gente cumpla sus compromisos, porque si se ayuda a generar sus compromisos de pago seguramente que habrá muchísimo más capital privado que esté dispuesto a arriesgarlo en vivienda”.
En paralelo, reconoció que hay que buscar alternativas para aquellos, jóvenes y no jóvenes, que no cuentan con suficientes ingresos, y eso “requiere que nos sentemos para ver, porque no puede ser a cargo de los bancos, no puede ser a cargo de la ocupación”. Entre otras, abogó por que “haya dinero público, que haya suelo en cesión -para construir inmuebles protegidos a menos coste-, que haya algún tipo de motivación fiscal para que haya determinado tipo de actuaciones que se puedan llevar a cabo y la intervención también directa de la administración de su propio patrimonio”.
A su juicio, el sector público debería aumentar además su propia oferta o patrimonio disponible para los colectivos menos favorecidos, potenciando algo que ya existe, pero de forma muy residual, a través del IVIMA y otras corporaciones. “Si el mercado de la vivienda lo tenemos que arreglar con la participación pública de la propiedad, pues estaríamos todos viviendo bajo los puentes. Esa es la realidad. Por tanto, yo creo que hay que colaborar más. Menos ordeno y mando, más colaboración, más participar en sus efectos, en hacer viviendas en oferta, en suelos, en ayudas a los jóvenes que no puedan…”, zanjó.
