El pasado miércoles, 10 de marzo, el Senado dio luz verde a esta normativa con 155 votos a favor, 100 en contra y tres abstenciones. Votaron en contra PP, UPN y Vox y se abstuvo el Partido Aragonés.
Según el texto consensuado, se propone legislar la eutanasia “para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables”.
Para ello, el paciente deberá ser mayor de edad, llevar más de un año en España y “ser capaz y consciente” en el momento de la solicitud. Estas personas tendrán, además, por escrito información sobre las “diferentes alternativas y posibilidades de actuación”, incluida la del acceso a cuidados paliativos integrales. Igualmente, la persona debe “haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria” sin que sea el resultado de ninguna presión externa.
Para cada petición, se creará una Comisión de Garantía y Evaluación, órganos que tratarán de “verificar de forma previa y controlar a posteriori el respeto a la Ley y los procedimientos que establece” en cada una de las comunidades autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de las mismas “tendrá carácter multidisciplinar” y deberá contar con un mínimo de siete miembros, con personal médico, de enfermería y juristas entre ellos.
Los profesionales sanitarios podrán hacer objeción de conciencia para no practicar la eutanasia y la Administración estará obligada a crear un registro de estos profesionales objetores, que será confidencial.
Si el paciente es consciente debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito con un lapso de tiempo entre una y otra vez de al menos 15 días y con la alusión expresa de que no es el resultado de «ninguna presión externa».
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