La Justicia alemana condenó por primera vez a fines de febrero a un ex miembro de los servicios de Inteligencia de Siria, mientras que en otros países de Europa refugiados sirios impulsan denuncias contra el presidente Bashar Al Assad y sus funcionarios, bajo los principios de universalidad e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Eyad al Gharib, de 44 años, fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por participar en 2011 en el arresto de al menos 30 manifestantes y su encarcelamiento en un centro de detención tras una protesta antigubernamental cerca de Damasco durante la primavera árabe.
Al Gharib llegó a Alemania en 2018. Había trabajado en los eslabones más bajos de la Inteligencia siria antes de desertar y huir del país en 2013. Fue detenido seis años más tarde.
En Alemania también está siendo juzgado el coronel retirado Anwar Raslan, de 58 años, acusado de crímenes contra la humanidad por la muerte de 58 personas y la tortura a 4.000 detenidos políticos.
Las demandas son impulsadas por la diáspora siria, que se refugió en distintos países de Europa ante la violencia desatada en su país, con el objetivo de promover en el extranjero juicios por las atrocidades cometidas en Siria.
«Abogados sirios que son refugiados están empezando a construir casos documentados con pruebas de los crímenes de guerra y contra la humanidad que cometió el régimen de Al Assad», indicó a Télam Ziad Majed, politólogo franco-libanés y autor de dos libros sobre Siria.
«Por primera vez en Alemania un tribunal condenó a una persona y podrían empezar pronto otros juicios en Suecia, Austria, Bélgica, Países Bajos y Francia», añadió.
«Hay testigos directos y acusados de participar de estos crímenes que se encuentran en territorio europeo y que por lo tanto pueden ser detenidos. Con el tiempo esto puede ayudar a cuestionar la legitimidad y la impunidad del régimen», afirmó el docente de la Universidad Americana de París.
A principios de marzo, las organizaciones Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión, Open Society Justice Initiative y Syrian Archive presentaron un expediente judicial en el tribunal superior de París en relación con ataques químicos atribuidos al gobierno de Al Assad..
El propósito es que un juez de instrucción pueda investigar los ataques con gas sarín que sufrió en agosto de 2013 la ciudad de Duma, en la región de Ghouta Oriental, cercana a Damasco.
La denuncia, respaldada por numerosos testimonios y pruebas documentales, pretende «determinar las responsabilidades de la orden y ejecución de los ataques», afirmaron las citadas ONGs sobre el ataque en el que, según fuentes estadounidenses murieron más de 1.400 personas.
