Un cuarto de siglo después de la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer, los desafíos plasmados en la Declaración de Beijing siguen vigentes y la mayoría de los países que adhirieron a esa resolución de las Naciones Unidas no tienen políticas concretas para erradicar la violencia de género o fallan a la hora de ponerlas en práctica.
A nivel europeo, el Convenio de Estambul, de 2014, es un instrumento jurídico común para todos los Estados miembros de la Unión Europea y está centrado en prevenir la violencia doméstica, proteger a las víctimas y enjuiciar a los agresores. Además, establece con claridad cuales son los actos que deben ser penados y hace responsables a los Estados si no responden de manera adecuada.
Fue ratificado por 34 países y por la Unión Europea; pero su alcance es aún mayor: el convenio está promovido por el Consejo de Europa, que abarca 45 países.
Y lo más importante, ya permitió que varios países introdujeran normas legislativas y políticas específicas.
Suecia, Grecia, Dinamarca y los Países Bajos. por ejemplo, establecieron en sus códigos penales que una relación o contacto sexual sin consentimiento, es violación.
La primera evaluación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo es que el convenio tuvo un impacto tangible, aunque destacó que su principal efecto por ahora es haber estimulado el debate y generado mayor conciencia sobre el tema.
Y eso no es poco.
Para la agencia internacional ONU Mujeres, generar conciencia sobre la violencia contra las mujeres es uno de los elementos básicos para prevenirla, aunque reconoció que resulta insuficiente para desterrarla.
En su informe de 2016, la agencia subrayó que para generar un impacto sostenible y estructural se deben abordar las causas fundamentales del problema, lo cual exige cambiar las actitudes, normas y comportamientos que generan desigualdades y violencia de género.
Y si bien todos o casi todos los países del globo proponen políticas para erradicar o prevenir la violencia, a la hora de los hechos concretos, los dispositivos planteados fallan, en muchos casos por la falta de capacitación de las personas que reciben a las denunciantes.
El propio ministro de Seguridad argentino, Sergio Berni, lo reconoció cuando viajó a localidad bonaerense de Rojas tras el femicidio de Úrsula Bahillo, una mujer de 18 años asesinada por su ex pareja, Matías Martínez, un policía al que había denunciado en varias oportunidades y sobre quien pesaba una orden de restricción.
«Junto a España y Bélgica tenemos una de las legislaciones más avanzadas en el mundo; sin embargo, los resultados no son los esperados», admitió entonces Berni.
Sin embargo, ni siquiera este avance legal permitió frenar o reducir de manera sostenida los femicidios en España, donde 2019 marcó el año más letal para las mujeres desde 2015.
Según la Cepal, hay más de 300 normativas sobre violencia de género distribuidas en 38 países de América Latina y el Caribe. Las leyes van desde las llamadas leyes de primera generación -contra la violencia doméstica o intrafamiliar- hasta normativas de protección integral frente a la violencia contra las mujeres, leyes que tipifican el feminicidio, que sancionan el acoso sexual y el acoso laboral, y otras que sancionan específicamente el acoso callejero y la difusión de imágenes íntimas por medios electrónicos.
También se destaca la ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres del Estado Plurinacional de Bolivia, única en su tipo.
En paralelo, hay leyes referidas al tráfico y trata de personas, y normativas reglamentarias de leyes sobre la violencia contra las mujeres. Están las que determinan la creación de órganos especializados en diferentes ámbitos del Estado, las que definen la implementación de sistemas de registro de los casos de violencia y las que se refieren a las medidas de protección de las víctimas.
El esfuerzo y compromiso por dar respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas -una violación de los derechos humanos que según la ONU tiene proporciones pandémicas pero recibe mucha menos atención, voluntad política y fondos que actual brote mundial de coronavirus- se observa en muchos países.
Pero ONU Mujeres ya advirtió en 2017 que ese compromiso resulta insuficiente sin un pacto social entre gobierno, sector privado y sociedad.
Erradicar esta «pandemia» requiere políticas de enfoque multidimensional, intervenciones estratégicas, recursos suficientes para la implementación de los planes, acciones de reparación a las víctimas, especialmente empoderamiento económico para salir de situaciones de violencia, exigió la agencia de Naciones Unidas.
Asimismo, se debe trabajar con los hombres para transformar las masculinidades violentas, llevar programas a las escuelas y lugares de trabajo, y trabajar con hombres, especialmente los jóvenes, como socios en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres, agregó.
