Las tres principales asociaciones profesionales agrarias, Asaja, COAG y UPA, defendieron este lunes de forma conjunta cambios en el proyecto de la nueva Ley de Cadena Alimentaria que ha remitido el Gobierno al Congreso.
En una carta abierta firmada por los responsables de las tres patronales, Pedro Barato (Asaja), Miguel Blanco (Coag) y Lorenzo Ramos (Upa), reclaman mejoras en la tramitación parlamentaria del texto, que juzgan insuficiente para la protección del precio que deben percibir los agricultores por sus productos.
Exigen prohibir en la ley la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena, la venta al consumidor, “una práctica que supone siempre una pérdida de valor para el conjunto de la cadena, y dada la posición de dominio de la distribución acaba repercutiendo esta pérdida, por activa o por pasiva, sobre otros eslabones hasta llegar al más débil, el productor”.
También ven necesario crear un registro electrónico de contratos, “no para generar más burocracia, sino para facilitar control administrativo por parte de la agencia de control alimentario, AICA, “que debe ser reforzada en dotación económica y personal, para que pueda optimizar su excelente labor de autoridad de control y coordinación con las CCAA y con la UE”
Asaja, COAG y UPA demandan asimismo la inclusión del canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y de las organizaciones de Productores (OP) en el ámbito regulatorio de la ley, manteniendo las excepciones vigentes para las empresas cooperativas, que sí ven correctamente consideradas en la actual redacción de la ley, dado su carácter social y específico.
Además, proponen que la ley que salga de las Cortes tenga más “clarificada y reforzada” la figura del mediador, “apenas mencionado actualmente en una disposición final”, que se amplíen las funciones del Observatorio de la Cadena y que se establezca un clausulado firme que permita la elaboración de índices de precios y costes que sirvan de referencia objetiva y pública, para la fijación de precios en los contratos de compraventa.
Finalmente, solicitan que los productos importados de países terceros se incluyan en la aplicación de todo el cuerpo de la ley, para que se vean afectados por la obligatoriedad de la formalización de contratos por escrito, y no solo en lo que respecta a prohibiciones y sanciones.
“Somos un sector pionero e innovador, que sostiene una cadena exportadora y de gran importancia económica. Sigamos siendo pioneros. Hagamos que la cadena sea rentable también para los productores”, señalan los portavoces de las patronales. “Pedimos una legislación que ayude a equilibrar los poderes de negociación de los diferentes eslabones de la cadena, a hacer más transparentes las relaciones comerciales y, en definitiva, a construir una cadena alimentaria eficiente desde el primer eslabón, generando valor y no destruyéndolo”.
(SERVIMEDIA)
