El anuncio tiene su origen en la condena a nueve meses de prisión recibida en 2018 por Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasel, por unos tuits en los que ataca a la monarquía y a las fuerzas policiales españolas, calificándolas de «mercenarios de mierda» y acusándolas de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
El caso suscitó manifestaciones de apoyo en Madrid y Barcelona, e incluso un manifiesto firmado por más de 200 artistas
El rapero fue condenado por un delito de enaltecimiento del extremismo por estos mensajes publicados entre 2014 y 2016 y el pasado 28 de enero, la Audiencia Nacional, un alto tribunal con sede en Madrid, le dio un plazo de 10 días hábiles para ingresar voluntariamente en prisión.
El rapero indicó que no irá por sus propios medios a la cárcel, por lo que se expone así a ser detenido, reportó la agencia de noticias AFP.
Su caso suscitó manifestaciones de apoyo en Madrid y Barcelona, e incluso un manifiesto firmado por más de 200 artistas, incluidas estrellas del cine español como Almodóvar, Bardem y Aitana Sánchez Gijón, y de la música, como Serrat.
«Nos hemos unido para mostrar nuestro apoyo a Pablo, exigir su libertad, así como que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística», afirma el manifiesto publicado el lunes.
A las críticas se sumó Amnistía Internacional (AI), afirmando que «nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo desagradable o escandaloso».
Horas después de conocerse el manifiesto, el Gobierno español anunció que planteará «una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión».
La revisión será promovida por el Ministerio de Justicia, con el objetivo de que se impongan penas «disuasorias» y no de cárcel en el caso únicamente de «conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta».
El Gobierno especificó en su comunicado que quiere sacar del ámbito penal «aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales», y enfatizó que el castigo penal de dichos exabruptos «supondría un desaliento para la libertad de expresión».
En la sentencia condenatoria, consultada por AFP, la Audiencia Nacional insistía en la «enorme difusión» de los mensajes de Pablo Hasel «ante un colectivo afín» de más de 50.000 seguidores en ese momento, y en el «potencial riesgo final de que algún seguidor, aleccionado por las expresiones y la justificación del terrorismo que encierran, acabe usando la violencia».
«La incitación a la violencia terrorista (…) no puede estar amparado por la libertad de expresión porque entra de lleno en el ‘discurso del odio'», argumentaba la sentencia de 2018.
El caso de Pablo Hasel recuerda al de otro rapero, Valtonyc, condenado en 2017 en España a tres años y medio de prisión por enaltecimiento de la banda separatista armada vasca ETA, injurias al rey y amenazas en canciones suyas de 2012 y 2013.
Valtonyc se instaló en Bélgica en mayo de 2018, antes de ser detenido. España pidió su extradición, pero ese mismo año un tribunal de Gante -la capital de Flandes- la rechazó en primera instancia, al considerar que los hechos no eran delito en Bélgica. El pedido está ahora pendiente de un tribunal de apelaciones.
La actuación judicial contra Valtonyc, Pablo Hasel y tuiteros procesados por delitos similares fue muy criticada desde el inicio por la formación izquierdista Podemos, que desde enero de 2020 gobierna España en coalición con los socialistas de Pedro Sánchez.
