Una prohibición de entrada y salida de la isla de Ibiza comenzó a regir hoy por un avance del coronavirus, en coincidencia con una polémica en el país luego de que varios políticos y militares se vacunaran contra la enfermedad sin ser prioritarios.
Hasta el 30 de enero, estará prohibido entrar y salir por vía marítima o aérea a isla conocida por sus playas, discotecas e intensa vida nocturna, salvo por motivos «imprescindibles».
La decisión, adoptada por el Consejo de Gobierno de Baleares y anunciada ayer, se tomó por el aumento del número de contagios a 1.970 casos por cada 100.000 mil habitantes.
Las fiestas de Navidad
Las autoridades creen que incremento de las reuniones familiares y sociales durante las fiestas de Navidad, como ocurrió también en muchos otros puntos de España fue un factor determinante.
Además, muchas personas tienen su segunda residencia en la isla y regresaron en diciembre a Ibiza para pasar las fiestas, trayendo posiblemente el virus, pese a que había controles en muelles y aeropuertos.
Encima, la semana pasada fueron detectados en Ibiza nueve casos de la agresiva variante británica del virus.
Desde el pasado 13 de enero los bares y restaurantes de Mallorca y de Ibiza deben permanecer cerrados, si bien pueden ofrecer comida para llevar y servicio a domicilio.
Los centros comerciales de ambas islas, tampoco pueden abrir por ahora, con la excepción de sus espacios de alimentación e higiene.
Además, los gimnasios y los Spa también deben permanecer provisionalmente cerrados. Tampoco se permite que haya público en ningún tipo de evento deportivo.
En el sector de la hostelería, otra restricción que entró en vigor en Mallorca y en Ibiza el 13 de enero fue que las reuniones familiares y sociales deberán limitarse exclusivamente al núcleo de convivencia, tanto en espacios cerrados como en espacios abiertos.
Vacunación polémica
Por otra parte, el jefe del Estado Mayor español, general Miguel Ángel Villarroya, renunció tras saltarse el protocolo para recibir antes la vacuna contra el coronavirus, consignó la agencia de noticias AFP.
La partida de este alto mando supone la primera dimisión de alto nivel en España desde el inicio de la pandemia, que alcanzó más de 55.000 muertos y suma 2,5 millones de casos confirmados según el balance oficial.
La dimisión se produce al día siguiente de que la ministra de Defensa encargara al propio general Villarroya un informe sobre las condiciones en que se vacunaron recientemente varios miembros de la cúpula militar.
Tras conocerse que estos recibieron la primera dosis de la vacuna, fueron acusados de saltarse los criterios de acceso fijados por el Ministerio de Sanidad, que está privilegiando de momento al personal sanitario y a los ancianos en residencias.
En la polémica se vieron implicados igualmente cargos políticos acusados de saltarse el protocolo para acceder antes a la vacuna.
Uno de ellos fue el consejero regional de Salud de Murcia, Manuel Villegas, obligado a renunciar bajo una fuerte presión.
La izquierda de Podemos que cogobierna España con los socialistas habló de «corrupción» en la administración de las vacunas, y el presidente de la región de Valencia, Ximo Puig, opinó que quienes recibieron irregularmente la primera dosis no deberían recibir la segunda.
