La fiscal de Sala de Discapacidad y Mayores, María José Segarra, explicó este jueves en una sesión informativa con periodistas que entre el 6 y el 8 por ciento de las personas mayores que viven en residencias fallecieron desde el mes de marzo, cuando se comenzaron a tomar medidas para atajar el contagio de Covid-19.
Segarra informó de la actividad desarrollada por su departamento durante la pandemia en residencias de mayores. La Fiscalía tutela los derechos de mayores y personas con discapacidad internas en este tipo de centros.
El ministerio público ha abierto un total de 441 diligencias, de las que actualmente todavía están en trámite 209 y de ellas 112 se desarrollan en Madrid. Según los datos que ha ofrecido, 189 de las denuncias presentadas, el 42 por ciento del total, lo eran por homicidios por imprudencia y 163, un 36 por ciento, recogían carencias de tipo genérico por la situación de las residencias.
En el ámbito civil, la Fiscalía registra en estos momentos tres denuncias por la negativa de familiares a dar autorización para la vacunación de internos que no pueden decidir por sí mimos. Además, constan 69 procedimientos por elevado número de fallecimientos en el centro y 15 por falta de atención sanitaria.
(SERVIMEDIA)
