El Gobierno y las organizaciones patronales y sindicales acordaron este martes prorrogar el actual sistema de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de mayo, manteniendo la obligación de conservar los empleos durante seis meses y la ‘prohibición’ de despedir, así como el esquema de exoneraciones de cuota.
Así lo anunciaron la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una rueda de prensa para exponer el acuerdo después de que las directivas de los interlocutores sociales hayan dado su visto bueno hoy.
Ambos explicaron que se prorrogan los actuales ERTE por limitación, por impedimento y para sectores “ultraprotegidos” considerados particularmente afectados por la Covid-19 y su cadena de valor. Se mantiene el esquema de exoneraciones de cuota para las empresas que se aprobó en septiembre, con exenciones de hasta el 100%, y se incluyen tres nuevas actividades nuevas en el listado de sectores “ultraprotegidos” que son los campings y caravanas, el alquiler de medios de navegación y las actividades de mantenimiento físico.
Del mismo modo, Díaz señaló que siguen aplicándose “en idéntico tenor literal” al último acuerdo la obligación de mantener el empleo durante otros seis meses y la ‘prohibición’ de despedir, de manera que no estará justificado extinguir contratos por causa Covid.
En este punto, Díaz fue preguntada por la interpretación menos restrictiva que hace CEOE de esas cláusulas que se prorrogan e insistió en que se mantiene literal tal y como está redactada en el último acuerdo de septiembre, actualmente en vigor, y que “son los funcionarios los que interpretan” y no el Gobierno.
También continuará aplicándose el impedimento para las empresas en ERTE de repartir dividendos o radicarse en un paraíso fiscal.
Del lado de la protección para los trabajadores, se mantiene la prestación por desempleo asociada al ERTE en el 70% de la base reguladora, se permite acceder aunque se carezca de los requisitos de carencia y se prorroga también los beneficios para los fijos discontinuos.
En cuanto a la tramitación administrativa, se simplifica el procedimiento, de manera que las empresas no deberán presentar una reclamación colectiva para continuar en ERTE, sino una comunicación.
En cuanto al coste de esta prórroga, la cuarta, indicaron que superará los 5.000 millones hasta el 31 de mayo, aunque la cifra está sujeta a la “incertidumbre”. Díaz afirmó que “nos quedan meses duros, singularmente el de enero es el mes más duro”.
La ministra de Trabajo quiso lanzar un mensaje a los empresarios y les dijo que “tras un año de Gobierno, ha llegado el momento de que los empresarios y empresarias de este país confíen en este Gobierno y dejen atrás los prejuicios, que le tiendan la mano”.
(SERVIMEDIA)
