El PSOE volverá a oponerse este miércoles a que el Congreso abra una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I tras su abdicación en junio de 2014, pese a que los servicios jurídicos de la Cámara aceptaron la iniciativa liderada por Unidas Podemos, su aliado en el Gobierno.
Fuentes del socialista PSOE informaron que sus representantes en la Mesa de la Cámara mantendrán su rechazo a esta solicitud, por lo que no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso como proponen los letrados de la Cámara en un informe en el que por primera vez avalan una investigación relativa al Rey emérito, informó la agencia de noticias Europa Press.
En diciembre pasado, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con los 50 diputados suficientes para solicitar en solitario una comisión de investigación.
Esta vez, el pedido de esta comisión investigadora lleva también la firma de los partidos y coaliciones eusqueras ERC y Bildu, el partido Más País, la coalición política valenciana Compromis, el partido defensor de la independencia catalana CUP y el independentista gallego BNG, por lo que después de seis rechazos de la Mesa del Congreso, hoy los letrados dieron su visto bueno.
Con esta iniciativa de Unidas Podemos y los firmantes buscan abrir una comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades que se achacan a Juan Carlos I luego de su abdicación, es decir, como persona privada y no ya como Jefe del Estado.
No obstante, el PSOE ya tiene decidido no seguir el criterio fijado por los letrados y volverá a votar en contra de esta investigación como vino haciendo hasta la fecha ante iniciativas similares coincidiendo en su rechazo con el PP y Vox.
Ante la noticia, Unidas Podemos pidió a sus socios de Gobierno que cambien de posición y se abra a que el Congreso inicie indagaciones sobre el soberano.
Según el PSOE, este asunto ya está bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la Monarquía ni de la Jefatura del Estado, informó la agencia.
Para el Grupo Socialista, su posición es coherente con la doctrina de la Cámara.
Esta no es la primera vez que el grupo mayoritario actúan en sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes.
El pasado junio, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos.
Se trató de una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo parapolicial, protagonista de la denominada “guerra sucia” contra ETA.
En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una «posición política» y no por motivos reglamentarios.
