Fuentes jurídicas confirmaron que se trató de una comunicación oficial del ministerio público, que podría estar en el origen de la decisión de Juan Carlos I de proceder a una regularización fiscal por una cantidad total de 678.393 euros ayer miércoles.
La Fiscalía del Tribunal Supremo notificó el pasado mes de noviembre al despacho de abogados Javier Sánchez Junco, que representa al Rey emérito, la apertura de diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas por el exjefe del Estado y otros familiares con cargo a cantidades de dinero donadas por un empresario mexicano que llegaron a sumar 800.000 euros.
El ajuste de cuentas con Hacienda realizado por el emérito se adelantaba así a la presentación de una querella por la Fiscalía por presunto fraude fiscal entre los años 2016 y 2018 con el objetivo de evitar una investigación penal.
El artículo 305 del Código Penal estipula que cualquier regularización deberá producirse “antes de que el Ministerio Fiscal, el abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local” que esté investigando “interponga querella o denuncia” o que antes de que “el Ministerio Fiscal o el juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
Fiscalía del Tribunal Supremo
Las fuentes consultadas aseguran que será la Fiscalía del Tribunal Supremo la que tenga que decidir si esta regularización permite evitar la vía penal. En sus manos está también el análisis pormenorizado de la declaración fiscal. El ministerio público analizará en detalle la procedencia del dinero con el que se ha satisfecho la deuda con Hacienda y comprobará si es “veraz y completa”, en caso contrario la regularización podría ser rechazada y el emérito no podría evitar la vía penal.
El teniente fiscal del TS, Luis Navajas, que está ahora al cargo de las diligencias de investigación, se jubila este mes y tendrá que ser sustituido. El único candidato para hacerse con el puesto es el fiscal Juan Ignacio Campos que, previsiblemente, será propuesto por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.
Será él quien estudie la procedencia del dinero empleado para pagar la regularización fiscal efectuada por el Rey emérito y alejar así el peligro de un proceso penal por fraude fiscal y blanqueo de capitales.
La cantidad abonada a Hacienda está relacionada con el uso de tarjetas opacas por el Rey emérito y varios familiares con cargo a los 800.000 euros recibidos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause entre los años 2016 y 2018, cuando Juan Carlos I ya no estaba protegido por la inmunidad que concede la Constitución al jefe del Estado.
Para que el abono de estas cantidades junto con los recargos e intereses correspondientes aleje definitivamente el peligro de una investigación penal, debe abarcar todas las cantidades defraudadas a la Hacienda pública y eso es precisamente lo que debe comprobar ahora la Fiscalía, que descarta un archivo rápido de la causa.
(SERVIMEDIA)
