En la estadística de este mes TODOS los indicadores del Sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año.
Se imponen medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 384.149 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.
La reducción de la lista de espera en 35.277 en este año, se produce por el fallecimiento de las personas dependientes. Ni siquiera se mantiene la tasa de reposición, y a este ritmo en cuatro años habrá desaparecido el limbo de la dependencia no por haber sido atendidos, sino por haber muerto esperando la prestación o servicio al que tenían derecho.
Según los datos publicados recientemente por el Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando 46.936 solicitudes menos, 37.315 valoraciones menos, 38.668 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y 3.391 beneficiarios menos con prestación.
La lista de espera asciende a 384.149 personas (234.577 que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y están a la espera de recibirlo, y 149.572 solicitantes a la espera de valoración). Desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios (descienden en 3.391). La lista de espera se reduce debido exclusivamente a los más de 35.000 fallecidos en lo que va de año que murieron sin recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho o sin ni siquiera haber sido valorados.
Analizando las cifras por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es la que más ha disminuido, con una variación acumulada de -9%, con 14.999 residentes menos que a principio de año. En la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2%, con 4.238 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 5 puntos porcentuales con 4.770 prestaciones menos que a principio de año. Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan más de 10.000 puestos de trabajo.
Las Comunidades que mayor retroceso han tenido en este año han sido la Comunidad de Madrid con -8.569 beneficiarios menos que a principios de año, y Cataluña con -6.308 beneficiarios menos y las que mayor incremento de beneficiarios han realizado han sido la Comunidad Valenciana con +9.334 beneficiarios nuevos y Asturias con 2.064.
Todas las nuevas cifras en su conjunto, ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.
El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (sin esperar a los PGE) cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017). De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo).
Además, es imprescindible que el ministro impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.
Esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de nuevos procedimientos.
Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.
Nadie entendería que en plena crisis sanitaria se recortase en sanidad y se despidieran a los médicos, de la misma manera es inexplicable que en plena crisis social, se mantengan los recortes en dependencia, no se haya incrementado ni un solo euro ex novó para atender a las casi 400.000 personas que están en lista de espera y más cruel es todavía no ocupar las 15.000 camas libres que se han quedado por fallecimientos en las residencias.
