Los grupos de la oposición sacan adelante una moción que anima al Ayuntamiento a exigir al Gobierno regional la aprobación urgente de un decreto para limitar la actividad de las empresas VTC, que no pagan impuestos en nuestro país, mientras que los 1.400 autónomos del sector del taxi en nuestra ciudad están fuertemente regulados
El concejal socialista Mariano Ruiz se ha ganado la unanimidad del pleno en una moción conjunta, presentada en colaboración con el grupo Adelante Málaga en la comisión de Movilidad de este lunes, “para proteger y dignificar el trabajo de los 1.400 autónomos del taxi en nuestra ciudad” frente a una competencia “que podemos calificar como desleal, la de las empresas multinacionales de alquiler de vehículos con conductor (VTC), que se regulan de manera laxa y no pagan impuestos en nuestro país en muchos casos, mientras que se llevan sus ganancias al extranjero, en ocasiones a paraísos fiscales”.
Durante su intervención, Ruiz ha pedido a la Junta “que limite la actividad de las VTC, que cuentan en Málaga con más de 1.000 licencias. De hecho, la capital es la tercera ciudad española con más licencias de estos vehículos, un número muy superior al de otras capitales andaluzas como Sevilla, que cuenta con 233 permisos”. Además, en la ciudad no se cumple con la relación 1/30, un vehículo VTC por 30 taxis, “que es una vergonzante irregularidad que se tolera por parte de unos pocos interesados frente a nuestro total estupor”.
El concejal socialista recuerda que “el sector del taxi se ha movilizado en numerosas ocasiones reclamando una regulación justa que les proteja, en su condición de servicio público, frente a la competencia desleal de los VTC, en especial de las multinacionales, como Uber y Cabify, que despliegan estrategias agresivas de implantación y extienden la precariedad y los abusos laborales. Son empresas que se encuentran dopadas porque no se enfrentan a regularización de los horarios de trabajo y muchas veces no son perseguidas por ello”.
De ahí que sea tan necesario que salga adelante el decreto de la Junta de Andalucía, “con medidas ya acordadas y comprometidas al sector del taxi”. Entre ellas, la prohibición de que los coches VTC estacionen sin estar precontratados en zonas de gran demanda de viajeros, como estaciones, áreas comerciales, sedes judiciales, hoteles de cuatro estrellas o más, eventos deportivos culturales o sociales, así como medidas que les dificulten la captación de clientes aprovechándose de su geolocalización”.
“Pedimos además al Ayuntamiento de Málaga que se intensifique su acción de vigilancia, intervención y sanción de los incumplimientos que realizan las VTC, en especial en las zonas de mayor afluencia de viajeros, además de la obligación de precontratación de sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos”, ha exclamado Ruiz Araújo, quien también ha propuesto que se les deje exentos a los taxistas del correspondiente pago de tasas a los hechos imponibles relacionados con la prestación de servicios de auto-taxis de tramitación por sustitución de vehículos afectos a licencia y de revisión municipal del vehículo anual y extraordinarias correspondientes al año en curso”, ha expresado el concejal socialista.
Durante la comisión ha tomado la palabra Miguel Báez, portavoz de un colectivo de taxistas de la Costa del Sol. “Málaga acapara dos tercios de las licencias de VTC de España. Y será peor, cuando se sustancien los procedimientos judiciales activos y se superen las 2.000 licencias de VTC en la provincia”. Por eso, y para ayudar “a las más de 2.000 familias que viven directamente del taxi en nuestra ciudad debemos ser contundentes frente al intrusismo, sancionando comportamientos cada vez más habituales por parte de las VTC como el estacionamiento en el aeropuerto o las estaciones de autobús o tren o recoger clientes en circulación”.
Sin bici en la pasarela del Guadalhorce
La misma comisión de Movilidad en el Ayuntamiento ha sido el escenario para que el concejal socialista Salvador Trujillo pida la comparecencia del edil popular Raúl López, responsable de Urbanismo por el equipo de gobierno, sobre la prohibición de cruzar en bicicleta por el nuevo puente del Guadalhorce, proyecto que Ayuntamiento y Diputación vendieron a bombo y platillo como un hito en paisaje urbano, “pero que ha sufrido retrasos desde el mes de febrero por los fallos en su estructura, por grietas que hacían temer por su estabilidad”.
El edil socialista ha lamentado que “esto se parece mucho a la fallida obra del pabellón de balonmano de Puerto de la Torre, al millón de euros tirado a la basura en el Campamento Benítez con una laguna artificial que ha debido ser enterrada de nuevo, y al empedrado de Madre de Dios, que cada cuatro años hay que levantar de nuevo por su hundimiento”. Según el socialista, “tantas hacen saltar las alarmas y no hemos tenido aún respuesta a un escrito que registré hace más de un mes”, ha resaltado Salvador Trujillo.
El concejal del PSOE ha calificado de “improvisación constante” la habilitación de señales de tráfico que prohíben el paso en bicicleta por este puente. El equipo de gobierno alega que la anchura del firme es inferior a los 3,20 metros que haría seguro el paso entre peatones y ciclistas. “¿Acaso no había prevista la anchura de la pasarela, que era insuficiente? ¿Es que esperan que los ciclistas sigan yendo por el lateral del puente de la N-340, jugándose la vida?”, ha zanjado en su intervención Salvador Trujillo.
