La plataforma independiente AmpasEnPie a través del siguiente COMUNICADO, enviado a nuestra redacción, cuestiona a la Junta de Andalucía:
Muy sola debe encontrarse la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y muy puestas en cuestión sus medidas de vuelta a las aulas para que se emplee a fondo en continuar amenazando y metiendo miedo a las familias andaluzas que se han organizado para visibilizar el despropósito de sus instrucciones y planes para el curso 2020-21.
El justificante no es falso y cumple con las obligaciones de justificar las faltas de asistencia que tenemos las familias respecto a nuestros hijos e hijas escolarizados, además de ser una manera más de mostrar nuestro rechazo a sus medidas organizativas de la educación pública durante la pandemia por SarsCov2.
Desde AmpasEnPie queremos dejar claro que el justificante que hemos distribuido, al igual que lo han hecho las demás plataformas con las que trabajamos de manera coordinada en Cádiz, Córdoba y Málaga, NO ES FALSO, como manifiestan las “instancias oficiales” a través de el Diario Sur.
Ese justificante no es falso, o lo es tanto como el que elabora una familia cuando se va al Rocío una semana y su hijo falta a clase, o cuando lo hace por enfermedad o por defunción de un familiar. No pretende ser otra cosa que una comunicación de razones de la ausencia (a lo que estamos obligadas) que sabemos no exime de responsabilidad por ella. Y es esa justificación la que dará lugar a que el centro justifique o no la falta, siempre de acuerdo con el plan de convivencia, donde no creemos aparezca nada referido a una pandemia.
No obstante, lo que no son falsas son las razones que se esgrimen ahí para justificar la ausencia, como tampoco es falso su fundamento jurídico, ni es falso que hay una responsabilidad ineludible en quienes generan las causas que llevan a las familias a tomar esa decisión -vuelta a las aulas sin las medidas de seguridad que se establecen en otros ámbito de la vida social- , y esa responsabilidad es de los poderes públicos: gobierno central y comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía. Su incompetencia, su falta de voluntad de dedicar inversión a las medidas necesarias (las que sí se aplican en otros ámbitos), es la causa de la ausencia de niños y niñas en las aulas. No busquen otros culpables.
Y como eso lo saben, como saben que quienes no están cumpliendo con su parte son quienes gestionan de manera tan pésima el ejercicio de nuestros derechos, usan el miedo y las amenazas, en una actitud de claro abuso de poder que no les está sino retratando como gobernantes insensibles y más propios de un estado autoritario, a los que sólo parece importar la foto del arranque de curso con normalidad y no la seguridad de la comunidad educativa.
En vez de usar el código civil y penal aplicado a las familias, ciudadanía que no hace sino proteger con las armas que tiene a sus hijos e hijas y su derecho a la salud y a la educación de calidad y con seguridad, bien podrían tener en cuenta las obligaciones que tienen como Administración Pública que también están establecidas en las leyes y cuyo incumplimiento es manifiesto, no ahora por la situación extraordinaria a causa del SarsCov2, sino por cómo han ido debilitando los servicios públicos (entre ellos el de Educación ) que deben sostener y garantizar y que no han hecho sino debilitar cada vez más con sus políticas, perjudicando con ello al interés general. Esas son las que han privado y privan a nuestros hijos e hijas de su derecho a la educación pública y de calidad.
Saben que el documento es acertado. Igual que el escrito que hemos presentado las 4 plataformas hace unos días al que no han tenido aún la decencia de responder. Y como lo saben, usan el miedo, la confusión y el descrédito de quienes somos ciudadanos y ciudadanas responsables que luchamos por lo que merecemos y por lo que sostenemos con nuestros impuestos.
Lo que hay que preguntar es por qué todos obvian el artículo 103 de la Constitución y el capítulo de la responsabilidad de la Ley del Sector Público. Hacen un uso arbitrario de las leyes y eso genera mucha indefensión en la ciudadanía, pero no duden que las familias sabremos defendernos si llegan a cumplir sus amenazas. Tendrán que demostrar que nuestros hijos e hijas están en riesgo o desamparo y que no cumplimos con nuestras obligaciones parentales y marentales, estas que conocemos y aplicamos tan bien como para exigir una educación presencial y segura.
El colectivo “AmpasEnPie” es una plataforma de AMPA independiente de partidos políticos, sindicatos, federaciones o cualquiera otra organización.
