El tema del Ingreso Mínimo Vital lleva el camino de ser un nuevo capítulo en la historia negra de este país, en primer lugar por la falta de información real, luego la falta de apoyo popular de las ciudadanas y ciudadanos.
Se convoca una concentración en Málaga y apenas los convocantes reciben el apoyo necesario, ¿qué estamos esperando a salir a la calle a reivindicar nuestros derechos? Hay que dar un paso adelante, ¿dónde están las miles de personas que en Málaga han solicitado el Ingreso Mínimo Vital y no han recibido información?. Creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante, después de las informaciones que están en todos los medios de comunicación de este país, en las que un extrabajador, despedido por contar la verdad, que es un autentico escándalo.
Un extrabajador de Tragsatec, la filial de la empresa pública Tragsa a la que el Ministerio de Seguridad Social ha encargado la gestión de los trámites de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, ha denunciado la existencia de una orden interna para retrasar sistemáticamente la aprobación de las solicitudes. También de las que contienen toda la información correcta. Ha sido publicado en elplural.com: «Nos obligaban a poner en ‘Requeridos’ expedientes ‘Conformes’ que cumplían todos los requisitos y tenían toda la documentación»
En los correos electrónicos emitidos por Tragsatec a sus trabajadores en los que se dan la sindicaciones para el trámite de las solicitudes y se pide que sólo contemplan tres estados para cada solicitud: «iniciado», «requerido» y «parado». El correo electrónico aclara que el estado «requerido» debe ser el que figure «tanto si hacemos la carta de requerimiento como sí hemos comprobado que la documentación aportada es la correcta y no falta nada». Por si fuera poco, añade una postdata en el correo electrónico: «Por favor, nosotros no vamos a poner otros estados».
Este escándalo sale a la luz después de conocer la ridícula proporción de solicitudes tramitadas y aceptadas del IMV en su primer conteo, del que dio cuenta la semana pasada el ministro del ramo José Luis Escrivá, quien señalaba que en agosto recibieron el IMV unos 80.000 hogares de los 830.000 que lo habían solicitado. Según destacó «750.000 solicitudes» están todavía sin resolver, dice porque tenían errores o se «requiere documentación». Precisamente este último requerimiento es el que se indica en los correos de Tragsatec como la recomendación para clasificar los expedientes de solicitud entre los candidatos. Curiosamente, Tragsa también se adjudicó el contrato para dinamizar los trámites de los ERTE por fuerza mayor con los que el Gobierno pretende «salvar» empleos del impacto de la crisis del coronavirus en el tejido productivo español.
La fuente que denuncia el caso, explica que el ambiente de trabajo en Tragsatec es «muy vertical» y autoritario y que fue despedido cuando señaló que no estaba dispuesto a retrasar expedientes que cumplían todos los requisitos para recibir el IMV. La misma suerte que, según dice, han corrido otros empleados que también se negaron a colocar en la carpeta de «requeridos» las solicitudes correctamente enviadas.
