Más de 100 asociaciones AMPAS de Málaga hacen un llamamiento a la responsabilidad de administraciones cara al inicio del curso 2020-2021 y al cumplimiento de las medidas sanitarias frente a covid 19 y exigen “seguridad y garantías”
Las AMPAS se manifiestan a través de un COMUNICADO por la total falta de previsión de las administraciones públicas frente al inicio del curso:
«Asociaciones de madres y padres de alumnos nos hemos visto en la necesidad de posicionarnos y hacernos oír, sacando un comunicado ante la inacción de los entes públicos frente al inicio de curso 2020-2021. Administraciones Públicas que van desde la Junta de Andalucía hasta los distintos ayuntamientos de la provincia de Málaga en ámbito local.
A las familias de estos Centros Públicos nos parece inaceptable que a estas alturas no se haya tomado ni una sola medida para comenzar el próximo curso escolar en la situación sanitaria de pandemia en la que nos encontramos a nivel mundial. Una de las más importante, a nuestro entender, es la bajada de ratio por aula, imprescindible para el control del Covid-19. Meter en un aula (pequeñas, hay que apostillar) de 25 a 28 alumnos en primaria e infantil y de 30 a 35 en secundaria y bachiller, durante 5 horas diarias y 5 días a la semana (6 horas y media en los IES), es NEGLIGENTE.
Al inicio de la pandemia y de esta situación nueva para todos, las prisas, las inexactitudes, las decisiones erróneas eran más o menos entendibles. Ahora, con las informaciones que ya tenemos, que los expertos y expertas están lanzando a diario, tomar una decisión del calado de las ratios iguales que en tiempos de no pandemia es llevar a los alumnos y sus familias a un RIESGO que el país no podría asumir. Ya sea a nivel sanitario y/o económico, porque el país estaría bajo el Estado de Alarma en pocas semanas. Y además, con posibles CONSECUENCIAS LEGALES porque las familias nos estamos organizando contra aquellos responsables políticos que tomen decisiones que pongan en riesgo la salud e integridad de los menores y sus familias.
Los cargos públicos tienen responsabilidad ética, administrativa, civil e incluso penal. Volvemos a repetir aquí, que las informaciones sobre el Covid-19 son claras.
«La contratación de profesorado anunciado a bombo y platillo por la Junta de Andalucía se ha convertido ahora mismo en humo
Se han contratado alrededor de 1040 docentes menos que en el curso 2019-2020″.
La SECUNDARIZACIÓN de la enseñanza primaria provoca que un estudiante tenga alrededor de 5 o 6 profesores distintos por las diversas asignaturas, quitando la importantísima función del tutor o tutora. Ahora con el Covid-19 y tanto cambio de profesorado en una jornada lectiva repercutirá en el estudiantado y las familias en primer término y en los/las docentes en segundo término, sería una situación favorable para la propagación del virus. Y no hemos nombrado especialistas como audición y lenguaje, orientadores/as, pedagogía terapéutica o el personal técnico de integración social que comparten función con varios Centros Educativos. ¿Y el alumnado de riesgo? ¿Y el alumnado en riesgo de exclusión? ¿Y el alumnado diagnosticado como NEE?
A las familias que no nos hablen de clases burbuja. Nos da risa y llanto a la vez. Nos preguntamos si con ello no estamos perdiendo el sentido de la escuela pública que no es otro que garantizar una educación de calidad para todas las niñas y niños, sin distinciones de género, sociales, culturales, de procedencia, religiosa, funcionales o económicas; donde todo el alumnado construya el conocimiento desde la socialización con los otros, aprenda a pensar libremente y a convivir desde la solidaridad, la cooperación y la equidad……
Ahora quisiéramos mentar los medios o RECURSOS MATERIALES necesarios para la prevención de riesgos. En todo momento hemos oído que dotarán a los funcionarios docentes de mascarillas, hidrogeles, etc. ¿Y las familias donde nos deja la administración pública? ¿Sólo se contagia el profesorado? ¿Qué tipos de mascarillas usarán los alumnos? Porque no todas las familias pueden desembolsar un montante al mes en mascarillas «oficiales sanitarias» y por tanto no protegerán realmente. Es llevar cualquier trozo de tela en la boca, dando falsa sensación de seguridad. Además, hay precedente, la ridiculez de «lote» que les llegó a los equipos directivos para los procesos de escolarización, que los obligaron a abrir los Centros sin que ningún experto o experta en salud y riesgos laborales viniera para dar directrices sanitarias, viendo cada peculiaridad de cada Centro. Lote que por cierto “no cabían por las puertas”: 1 mascarilla ffp2, un paquete de 50 mascarillas de un sólo uso, 1 hidrogel de 500 ml y una mini mampara para aquellos coles que no tuvieran ventanilla. Y nosotras venga a pagar impuestos… ¿Así afrontarán el inicio de curso?
Por todo lo anterior expuesto, exigimos:
- Bajada obligatoria de ratio por aula, según metros cuadrados de cada una (no cumplimos ni con la ley vigente, menos en tiempos de pandemia).
- 2. Aumento obligatorio de la plantilla docente y especialistas que sea real y efectiva para poder cubrir esa bajada de ratios por aula o desdobles, desde el mismo inicio del curso hasta la finalización del mismo. También anticipación para cubrir posibles bajas de docentes que se deriven de esta situación sanitaria.
- 3. Búsqueda que otros espacios que permitan la separación de seguridad sanitaria del 1,5 m. entre personas. Para ello habilitando edificios socio-culturales de propiedad pública.
- 4. Aumento de los medios humanos y materiales necesarios para la desinfección y limpieza continua de los Centros Educativos en jornadas de mañana y tarde, personal que debe haber pasado por una formación específica al respecto.
- 5. Protocolos sanitarios claros individualizados por Centro, atendiendo a las peculiaridades de cada Centro. Elaborado por especialistas sanitarios y aconsejados por personal docente o E. Directivos. 6. Protocolo y acciones específicas para aquel personal docente o alumnado en riesgo por patologías.
- 7. Dotación de todo recurso material para medidas de seguridad sanitarias complementarias tanto para docentes como alumnado.
- 8. Incorporación de personal sanitario (médicos/as o enfermeros/as) por cada Centro Educativo Público que estará presente desde el inicio de la jornada lectiva hasta su finalización, para resolver y atender cualquier circunstancia relacionada con la salud.
- 9. Flexibilidad en los horarios de entrada y salida de los Centros para evitar aglomeraciones. Si se necesitara, presencia policial para aquellos Centros que lo soliciten.
- 10. Presencia de representante de las distintas Asociaciones de Madres y Padres de alumnos/as en las reuniones que se mantengan para tratar cualquier cuestión relacionada con el Centro. Director/a junto con una figura que represente a las familias.
- 11. Dotación de todos los recursos (humanos, de infraestructuras y materiales) necesarios para la atención de alumnos/as en riesgo de exclusión, y/o diagnosticados con NEE.
- 12. Protocolo individualizado para garantizar la seguridad en los servicios complementarios
Para finalizar queremos mostrar nuestro apoyo, como parte de la Comunidad Educativa, a nuestros Equipos Directivos en cualquier medida que tomen en esta dirección e incluso si deciden optar por la dimisión, las familias estaremos a su lado. Somos conscientes del acoso al que se están viendo sometidas muchas Direcciones que han dado nombre y apellidos. A nuestros y nuestras docentes siempre que luchen por los derechos de los menores y sus derechos laborales, nos tendrán al lado; igual que a los PAS, limpiadores y limpiadoras, monitores de matinal, extraescolares y personal de comedor. Las familias apoyaremos acciones que vayan encaminadas a salvaguardar la salud e integridad de nuestros hijos e hijas y a luchar por sus derechos y que garanticen una educación pública de calidad.
Y a las familias, nos dirigimos en última instancia para pedirles la movilización y que asuman el papel determinante que tienen en este proceso. Presencialidad sí, pero con seguridad y garantías. No olvidemos que desde el primer concejal/la de los diversos ayuntamientos de la provincia de Málaga hasta el mismo Consejero de Educación de Andalucía, el señor Imbroda o la propia Ministra de Educación la señora Celaá son empleados públicos, nuestros empleados, pagados por nuestros impuestos. Todo es cuestión de inversión. Exijamos que cumplan con sus responsabilidades en defensa de la EDUCACIÓN PÚBLICA a la que se deben.
