Inés Sabanés, diputada verde en el grupo parlamentario de Más País – EQUO, ha presentado preguntas sobre las temporeras a petición de EQUO VERDES en Huelva.
La situación de mujeres temporeras varadas en las fincas agrícolas del campo onubense ha vuelto a poner en cuestión la idoneidad del modelo de contratación de origen en vigor.
El anuncio ayer del inminente regreso de las 7100 temporeras marroquíes varadas en la provincia de Huelva desde hace un mes debido al cierre de las fronteras con Marruecos por la pandemia del COVID-19, es el final de un “duro calvario” vivido por unas mujeres que han visto retrasado el reencuentro con sus familias en unas condiciones de alojamiento, sanitarias e higiénicas lamentables, tras haber vivido una de las campañas de recogida fresa y frutos rojos más duras de los últimos tiempos. Han dependido de la “voluntad” del empresariado y de la “capacidad” de las instituciones para dar una respuesta a una situación de emergencia humanitaria, que tristemente no es nueva y que se ha visto agravada por la pandemia.
La situación de estas mujeres varadas en las fincas agrícolas del campo onubense ha vuelto a poner en cuestión con más fuerza que nunca la idoneidad del modelo de contratación de origen en vigor.
Un modelo que no garantiza buenas condiciones laborales ni de vida digna para las mujeres temporera, que año tras año vienen a la campaña fresera. Se han denunciado por varios colectivos de mujeres y jornaleras los múltiples incumplimientos de las Órdenes que regulan año tras año la contratación en origen, algunos de los cuales pasan por salarios no devengados en su totalidad, alojamientos sin los servicios básicos de luz y agua, malas condiciones de higiene y de salud, imposibilidad de desplazarse a los núcleos urbanos más cercanos, insuficiente asistencia sanitaria, etc.
Desde el grupo parlamentario de Más País EQUO, ante esta situación agravada por la pandemia, hemos procedido a registrar una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados/as para conocer el resultado de las inspecciones anunciadas por el gobierno de España y previstas hasta finales de junio tras hacerse público el Informe del Relator Especial de la ONU para la pobreza y los derechos humanos sobre las condiciones indignan en que vivían los/as temporeros/as del campo en España.
La diputada de EQUO, Inés Sabanés, insta a través de estas preguntas al gobierno de España, a dar información veraz a la ciudadanía sobre las condiciones de trabajo y de vida de personas que están llevando a cabo un servicio esencial de primer orden, como es la recolección de alimentos y a que garantice el control y seguimiento de los contratos que se llevan a cabo con países como Marruecos, tal que las personas contratadas, estén en el centro de la preocupación de instituciones y empresas durante toda su estancia en nuestro territorio, y se garantice que acceden a servicios de alojamiento, sanitarios, de desplazamientos, y periodos de descansos adecuados y a salarios dignos.
Por su parte, Isabel Brito, coportavoz de EQUO VERDES Andalucía, ha declarado que “es urgente la coordinación entre todas las instituciones en los distintos niveles para que cada una lleve a cabo sus funciones y trate a estas personas como ciudadanas y ciudadanos de primera, primando el interés general, el compromiso y la cooperación frente a las competencias sectoriales que en muchas ocasiones sólo se utilizan para echar balones fuera.”
Por último, insiste Isabel Brito, en “que todo el peso de la Ley caiga sobre aquellas empresas que se demuestre que incumplen las condiciones de los contratos y que se revise la modalidad de contratación origen, cuyos procesos de selección están siendo muy cuestionados porque incentivan la desigualdad y la vulnerabilidad de las personas contratadas, especialmente de las mujeres.”
Para la formación verde, es necesario que el gobierno de España pueda enmarcar sus políticas en la Agenda 2030 y cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo decente para todos y todas tiene que resolver con eficacia estas situaciones de injusticia social y llevar a cabo procedimientos de contratación transparentes, con criterios de igualdad de condiciones y que no discriminen a las personas por ninguna razón, si no estará perpetuando fórmulas de “trabajo esclavo” propias de otras épocas.
Por todo ello formulamos las siguientes preguntas:
- ¿Cuántos cuestionarios de seguimiento ha realizado el gobierno de España a través de la Inspección de Trabajo durante los meses de mayo y junio en las fincas agrícolas onubenses?
- ¿Qué resultados han arrojado los cuestionarios de seguimiento realizados? ¿Cuántas irregularidades y de qué tipo ha detectado en relación con la contratación en origen de las mujeres marroquíes en la campaña de frutos rojos de 2020?
- De las 11 empresas del sector de frutos rojos denunciadas por el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha ante la Inspección de Trabajo por entre otras, no haber tomado medidas de prevención y protección contra la COVID-19 ¿en cuántas de ella ha detectado incumplimientos o irregularidades por la Inspección de Trabajo?
- ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno de España para sostener las necesidades básicas de estas mujeres en las fincas agrícolas de Huelva entre tanto se abren las fronteras con Marruecos? ¿Qué gestiones está llevando a cabo con el gobierno de Marruecos para desbloquear la situación de estas mujeres y que puedan regresar cuanto antes a su país?
- ¿Va a intensificar el número de inspecciones de trabajo en las campañas venideras y revisará las condiciones de la contratación en origen con el gobierno de Marruecos para garantizar procesos de selección justos y condiciones de vida digna para las mujeres marroquíes que vienen a Huelva todos los años?
- ¿Piensa el gobierno planificar de urgencia medios extraordinarios en colaboración con la CCAA y los Ayuntamientos para garantizar en esta situación de retención en nuestro país por cierre de fronteras, que la estancia y alojamiento se producen en condiciones de seguridad, dignidad y atención sanitaria?
