Según informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El Sistema de la Dependencia agoniza. Y no es una metáfora es la cruda realidad.
En lo que va de año, casi 30.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. 164 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley.
En la estadística de este mes casi todos los indicadores del Sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año.
Se imponen medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.
Según los datos publicados esta semana por el Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando 44.422 solicitudes menos, 36.335 valoraciones menos, 37.587 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y 9.153 beneficiarios menos con prestación.
La lista de espera asciende a 392.526 personas (241.420 que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y están a la espera de recibirlo, y 151.106 solicitantes a la espera de valoración). Desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios (descienden en 9.153). La lista de espera se reduce debido exclusivamente a los casi 30.000 fallecidos en lo que va de año que murieron sin recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho o sin ni siquiera haber sido valorados.
Analizando las cifras por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es la que más ha disminuido, con una variación acumulada de -9,3%, con 15.861 residentes menos que a principio de año. En la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2,6%, con 6.401 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de una bajada de 3,1 puntos porcentuales con 3.039 prestaciones menos que a principio de año. Estos tres datos hacen, por sí solos, que se pierdan casi 11.000 puestos de trabajo.
Todas las nuevas cifras en su conjunto, ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.
El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (sin esperar a los PGE) cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017). De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo).
Además, es imprescindible que el ministro impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.
Esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de nuevos procedimientos.
Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales.
