El alcalde socialista de Mijas, Josele González, considera que la apertura de las playas en las mejores condiciones es clave para el turismo
El alcalde de Mijas y miembro de la Ejecutiva del PSOE de Málaga, Josele González, ha solicitado a la Junta de Andalucía un protocolo común para que todas las playas del litoral andaluz puedan abrir con total garantía sanitaria. El regidor socialista ha traslado hoy al presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una reunión telemática la necesidad de contar con un criterio único “para que todos los municipios contemos con las mismas garantías y las playas puedan abrir de forma conjunta con total normalidad”.
González ha recordado que los ayuntamientos no son los competentes para resolver sobre la ordenación de usos en las playas ni tienen competencias sanitarias ni medios para evaluar el riesgo en la arena del COVID-19.
“Los ayuntamientos estamos arrimando el hombro en esta crisis sanitaria y poniendo en marcha medidas para salir cuanto antes de esta situación”, ha asegurado. En este sentido, ha destacado que desde Mijas el ayuntamiento ha impulsado una nueva línea de ayudas dirigida al sector de playas para paliar los efectos del COVID-19 que va a permitir sufragar el coste que soportan los empresarios del municipio correspondientes al canon de playas y que afecta no solo a chiringuitos o kioscos de litoral, sino también a todos aquellos que cuentan con una concesión de aprovechamiento de espacio en dominio público.
“Desde los ayuntamientos estamos adoptando medidas para paliar esta crisis, incluso asumiendo competencias que no nos corresponden, pero en las decisiones en las que no tenemos competencias necesitamos de la colaboración del resto de las administraciones”, ha explicado.
“Las playas son importantísimas para la economía y el empleo de los municipios del litoral. La apertura de las playas en las mejores condiciones es clave para el turismo. Hay que ofrecer garantías sanitarias para la apertura de todas las playas”, ha señalado.
Asimismo, ha apuntado la necesidad de una financiación justa que permita a los ayuntamientos afrontar con garantías los requisitos para la realización de las inversiones para la apertura de las playas.
