El presidente de Chile, Sebastián Piñera, descartó este martes levantar el estado de emergencia y el toque de queda en varias regiones del país, al anunciar medidas para aplacar las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo.
En una declaración pública, el mandatario insistió en calificar las manifestaciones populares desatadas tras el anuncio del alza indiscriminada de los precios del transporte, como graves hechos de violencia, delincuencia, vandalismo y destrucción.
Piñera dijo escuchar las demandas de la población tras varias décadas de implementación de un modelo económico basado en la precarización de la vida, calificado así por diversos actores sociales que durante los últimos días rechazaron, además, el empleo de militares para restaurar el orden y el uso desmedido de la fuerza.
En tal sentido, el jefe de Estado señaló en tono justificativo que las autoridades reaccionaron con los instrumentos contemplados en la Constitución para resguardar la seguridad ciudadana.
El presidente chileno reconoció que los problemas se acumularon durante muchas décadas bajo la mirada incapaz de los sucesivos gobiernos, incapaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. “Reconozco y pido perdón por esta falta de visión”, señaló.
Informó, además, que como resultado de una reunión sostenida con los dirigentes de varios partidos políticos, se acordó la construcción de un gran acuerdo nacional para impulsar una renovada agenda social.
Al respecto, como respuesta al estallido social, el mandatario anunció un aumento del 20 por ciento en las pensiones, la implementación de un ingreso mínimo ascendente a 350 mil pesos (480 dólares).
Asimismo, en el ámbito impositivo, Piñera notificó la creación de un nuevo tramo en el impuesto global complementario de 40 por ciento para las rentas superiores a los ocho millones mensuales, entre otras medidas en los sectores de la salud, los servicios y la reducción de las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la administración pública.
Las autoridades confirmaron la muerte de 15 personas en las protestas de los últimos días contra las políticas económicas del gobierno de Piñera, en un estallido social reprimido por las fuerzas militares y del orden público con el empleo incluso de armamento letal, de acuerdo con denuncias de organizaciones de derechos humanos.
