El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Muñoz Cubillo, ha alertado esta mañana de la paralización en la provincia de los concursos públicos para la gestión del servicio de ayuda a domicilio, que convocan tanto la Junta de Andalucía como los ayuntamientos y es gestionado de forma indirecta por empresas privadas.
El dirigente sindical ha afirmado que el sistema está colapsado y hay afectadas cerca de 4.000 trabajadoras que atienden a más de 8.000 personas usuarias en toda la provincia.
CCOO va a iniciar una ronda de contactos con varios ayuntamientos de la provincia y con la Junta de Andalucía para que se retomen los concursos públicos para la gestión del servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Málaga, los cuales están paralizados desde el año 2007.
En concreto, el sindicato ha explicado que para las personas usuarias que tienen reconocido el grado de dependencia, la Junta de Andalucía transfiere a los ayuntamientos 13 euros por hora de servicio, un precio que no se revisa desde el año 2007 y que en la actualidad ha quedado obsoleto, muy por debajo de lo que abonan otras comunidades autónomas. Los ayuntamientos a su vez adjudican los contratos a las empresas que prestan el servicio, y éstas lo hacen por debajo de los 13 euros la hora, primando la oferta económica en forma de subasta. Ello implica que las empresas adjudicatarias no cumplan el convenio colectivo del sector o que incumplan las condiciones de mejoras y de atención personal de las personas dependientes que se establecen en los pliegos de condiciones.
La gestión del servicio público de ayuda a domicilio corresponde a los ayuntamientos y diputaciones, ya que es una competencia de los servicios sociales comunitarios. Estos se dividen en dos tipos, usuarios del Plan Concertado (con financiación municipal) y usuarios de la Ley de Dependencia (cuya financiación es a través de la Junta de Andalucía).
Cubillo ha afirmado que la situación es bastante preocupante, puesto que hay concursos de ayuda a domicilio que están siendo suspendidos cautelarmente, están en prórroga forzosa o bien con un contrato de emergencia.
Como ejemplo de ello, Cubillo ha informado que las licitaciones de Antequera, Marbella y Alhaurín el Grande han sido suspendidas al impugnarse los pliegos de condiciones por no indicar de forma desglosada los costes salariales del servicio. La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a que en aquellos contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas formen parte del precio total del contrato, han de indicarse dichos costes estimados a partir del convenio laboral de referencia. El contrato de Benalmádena y Cártama están con un contrato de emergencia, Fuengirola y Diputación de Málaga en prórroga forzosa. “Una situación de inseguridad jurídica y de falta de financiación que ya está afectando a las plantillas y a las personas dependientes, y generando un claro empeorando de la calidad del servicio”, ha criticado Cubillo.
Las plantillas que componen el servicio de ayuda a domicilio, un sector donde el 90% son mujeres, están en una situación muy precaria. La parcialidad de sus contratos de trabajo por la reducción de horas, (solo el 10% de la plantilla tiene la jornada completa), el fraccionamiento de la jornada diaria, el no reconocimiento de los desplazamientos entre servicios domiciliarios como jornada laboral, y en algunos casos, el retraso en el abono de salarios por parte de las empresas adjudicatarias, hacen necesario que las administraciones públicas financien de manera adecuada este servicio, contemplen los costes salariales reales en sus pliegos de condiciones y revisen anualmente el precio/hora de los contratos.
Para ello, esta organización sindical considera que los pliegos deben subir económicamente y la garantía debe ser que esta subida repercuta en la jornada o salario de las trabajadoras y no se derive al beneficio industrial de la empresa. Por tanto, CCOO seguirá impugnando aquellos pliegos que no se ajusten a derecho. La financiación de este servicio no puede ser una pugna entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos o diputaciones, pues hay que garantizar este servicio esencial para la comunidad, han de vigilar el cumplimiento de las mejoras y ayudas técnicas que ofertan las empresas para las personas dependientes, y el cumplimiento de la legislación laboral, pues también son obligaciones establecidas en la LCSP.
Otra cuestión que es fundamental resolver en los contratos públicos es la flexibilidad horaria. En este sentido, CCOO ha afirmado que las administraciones deben habilitar diversos horarios de atención para que las trabajadoras tengan una jornada digna de trabajo y no realicen grandes distancias, por la incompatibilidad horaria. Deben permitir a las empresas una eficiente coordinación de los horarios de las personas atendidas, con los de la plantilla. Se produce con demasiada frecuencia las jornadas de trabajo fraccionadas hasta en cuatro periodos diarios. Es un sector feminizado, donde la conciliación familiar y laboral no existe por esa rigidez de horarios.
Por todo ello, el sindicato ha anunciado que tras las reuniones que tenga con las distintas administraciones, en caso de que no se alcance una solución para este servicio y para el conjunto de estas trabajadoras, llevará a cabo movilizaciones.
