Los cuatro acusado por el asesinato de Lucia Garrido, la mujer hallada muerta en 2008 en la finca en la que residía en la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre, han negado tener relación con el crimen y se han desvinculado de cualquier plan para acabar con la vida de ella, señalando que antes de lo sucedido no se conocían entre sí.
Un jurado popular juzga desde esta semana a cuatro hombres acusados en relación con este asesinato. El cuerpo de la mujer, de 35 años, apareció el 30 de abril de 2008 flotando en la piscina de la finca. En el momento de los hechos no se acusó a nadie, pero la investigación se reabrió años después por parte de Asuntos Internos de la Guardia Civil.
Por el momento, la Fiscalía acusa a dos hombres por un delito de asesinato, a uno como presunto autor material y a otro como intelectual, que era guardia civil, ahora jubilado. Las acusaciones particulares, en representación de la familia de la víctima, acusan a estos dos, a otro exagente y al exmarido, a este por un delito de asesinato como supuesto autor intelectual y por malos tratos habituales.
Aunque inicialmente la Fiscalía no acusa a la expareja, el representante del ministerio público ha apuntado este miércoles en el juicio la posibilidad de acusarlo al final de la vista oral en calidad de cómplice, al señalar que «nunca» le han considerado inocente, pero hasta ahora no ha habido indicios o pruebas firmes.
Así, el exmarido ha declarado que quiere «que se aclare todo» y preguntado por el motivo de que mataran a su expareja ha respondido: «yo ya no creo en nada», apuntando que ya ha dicho a Asuntos Internos «que no relacione una cosa con otra». Ha señalado que a los acusados los conoció después de la muerte de la mujer.
Ha rechazado que hubiera maltratado a su expareja y ha dicho que es «falso» que hiciera actos para obligarla a abandonar la finca, aunque sí ha reconocido que la mujer «estaba poniendo problemas» para mantener el negocio de animales exóticos que él tenía y que ahora con las investigaciones sobre él está «muerto en vida» en cuanto a poder seguir con los negocios que tenía.
Este acusado ha negado que la finca fuera una guardería de drogas, como dicen las acusaciones, y ha apuntando que tras separarse de la mujer ella había cambiado las llaves.
OTROS ACUSADOS
Por su parte, el hombre acusado como supuesto autor material del asesinato ha asegurado que no conocía a la mujer y que «jamás» ha estado en la finca en la que sucedieron los hechos, apuntando que no es suyo el ADN de una llave encontrada en el lugar, que las acusaciones tienen como una de las principales pruebas. Así, se ha considerado un «cabeza de turco» en este caso.
Ha asegurado que en el momento de los hechos no conocía ni a la expareja de la víctima ni a otro de los acusados; mientras que con el agente jubilado, acusado como autor intelectual, sí había coincidido en circuitos de coches varias veces y en un momento le ofreció 30.000 euros para retirarse de una concesión de explotación de un karting.
Ha explicado que el día de los hechos fue a examinarse del carné de conducir y luego fue a la fiesta por el cumpleaños de su madre y ha declarado que cuando le dijeron de lo que le acusaban «no sabía de lo que me estaban hablando».
Sobre un testigo protegido, otra de las claves del caso, el cual no está localizado pero que declaró sobre estos hechos, ha dicho que «una persona que está condenado por extorsión en Colombia diría cualquier cosa para venir a España», asegurando que no lo ve desde hace un año.
Por su parte, el agente jubilado, acusado como supuesto autor intelectual, ha asegurado que si supiera quién ha matado a la mujer «en el acto lo declaro, no espero a que venga Asuntos Internos a preguntarme» y ha lamentado que ha estado dos años en la cárcel «por unos hechos con los que no tengo nada que ver», apuntando que no conocía a la víctima y a su expareja solo lo vio un vez.
«Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie», ha manifestado este acusado, quien ha puntualizado que «jamás» ha participado en una reunión en la que se preparara la muerte de nadie.
Ha explicado que cuando lo detuvieron y estuvo con los agentes de Asuntos Internos «tenía que declarar un guión que ellos me estaban presentando», indicando que en ese momento le golpearon pero no lo denunció. Cuestionado sobre por qué querría dicha unidad imputarle este asesinato, ha respondido que algo habrá hecho que «habrá molestado», en referencia a que, según ha dicho, denunció irregularidades en el cuerpo.
El último acusado, también ex guardia civil, ha negado igualmente conocer antes del crimen a los otros procesados y a la víctima, apuntando también a que se encuentra en este procedimiento «por Asuntos Internos». «Mi profesión es guardia civil, ni ladrón ni narcotraficante», ha apuntado.
«PREMEDITADO Y COBARDE»
El representante del ministerio público ha señalado que se trató de un crimen «premeditado y cobarde» y que el móvil fue que la mujer «sabía demasiado» de actividades que supuestamente podrían vincular a los acusados con hechos delictivos y estos «temían que iba a contar lo que sabía».
Ha señalado que el día de los hechos la mujer estuvo «indefensa» y se preparó «una ratonera de la que no podía escapar». Además, ha dicho que casualmente todos los acusados tienen coartada.
Según la Fiscalía, el exmarido estaba «en connivencia» con personas del Seprona de la Guardia Civil en operaciones de compraventa e intervención de animales exóticos; apuntando que este procesado, además, ha estado «involucrado» en asuntos de tráfico de drogas, siendo la finca utilizada «como guardería o almacén de dichas sustancias estupefacientes».
El fiscal en su escrito provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, dice que la mujer vivía en la casa, siendo «testigo directo y presencial de tales actividades, lo que por sí mismo la convirtió en motivo suficiente para que esta representara una amenaza».
Apunta que ese conocimiento que la víctima tenía de lo que ocurría «podía poner en peligro la impunidad» con la que el antiguo agente de la Guardia Civil «y las personas con él concertadas gestionaban sus actividades ilícitas». «En ese entorno surge la idea de diseñar un plan para acabar con la vida» de la mujer, señala esta parte.
El fiscal ha indicado que se han investigado presuntas coacciones al testigo protegido para que se retractara de su declaración inicial y supuestos intentos de acabar con su vida.
Las acusaciones particulares, por su parte, han asegurado que en este caso «la realidad ha superado la ficción» y que a Lucía «le falló todo el mundo menos su familia», y han insistido en el papel «esencial» de la expareja de la víctima.
Por su parte, la defensa del exmarido ha señalado que no hay «ni una sola resolución que diga que la finca era una guardería de droga» y ha apuntado que se encontraron 48.000 euros en la casa, preguntándose si no sería que «alguien quiso ajustar cuentas con ella».
Los abogados de los acusados han cuestionado la validez de las pruebas de ADN practicadas, al considerar que no se cumplieron los requisitos; así como el testimonio del testigo protegido.
