Tres profesores universitarios andaluces, Francisco Estepa Maestre, Mercedes Jiménez García y Beltrán Roca Martínez, han realizado una simulación en un artículo monográfico sobre la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, que publica Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) en su revista Panorama Social, con la idea de rediseñar aquélla para «incrementar su eficacia en la reducción de la pobreza», aspiración que «requeriría una inversión aproximada de 2.500 millones de euros», cálculo que parte de establecer una dotación individual que sería el 120% del Iprem (Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples), parámetro que emplea la Administración para el acceso de la población a las prestaciones sociales.
Panorama Social de Funcas ha dedicado su número 29 a ‘Pobreza y Rentas Mínimas’, que incluye este trabajo monográfico ‘La Renta Mínima de Inserción en Andalucía: alcance y eficacia de una prestación nueva’, que tiene como autores a Francisco Estepa Maestre (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) y a Mercedes Jiménez García y Beltrán Roca Martínez (Universidad de Cádiz).
«La proyección desvela que para que toda la población se situara por encima del umbral fijo de pobreza autonómico habría que incrementar la cuantía de la prestación al 120 por ciento del IPREM y aplicar las condiciones de acceso de la escala de la OCDE. Eso, sin embargo, requeriría una inversión aproximada de 2.500 millones de euros», afirman los autores de este trabajo monográfico.
La Renta Mínima de Inserción sustituye al anterior Ingreso Mínimo de Solidaridad, conocido coloquialmente como salario social, se regula según el Decreto Ley 3/2017, que entró en vigor en enero de 2018.
La Renta Mínima de Inserción se calcula en doce mensualidades, y su cuantía se incrementa en un 10% del Iprem por cada persona distinta integrante de la familia, hasta un máximo equivalente del 125% del Iprem. Los autores señalan que en 2018 la Renta Mínima de Inserción ha ascendido a 537,84 euros, cuando se asigna el 100%, y su máximo puede ser de 672,30 euros cuando la asignación es del 125%.
En los ejercicios de simulación que formulan en su estudio, Estepa Maestre, Jiménez García y Roca Martínez afirman que, de obviarse los criterios de concesión de la Renta Mínima de Inserción y si se apostara como referencia por todas las personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza establecido, «se necesitaría una inversión de más de 5.000 millones para conseguir situar a toda la población por encima del umbral de pobreza que se había fijado previamente».
Advierten del contraste con la cifra destinada actualmente en Andalucía, que establecen «en una media anual de 205 millones de euros para el periodo 2018-2021», aunque la partida prevista como Renta Mínima de Inserción es de 134,7 millones de euros en el Presupuesto de Andalucía de 2019, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA el 22 de julio.
El diagnóstico que rubrican los profesores universitarios es concluyente cuando afirman que «se puede anticipar una limitada eficacia de la RMI en la reducción de la pobreza», por cuanto sostienen que «se estima que sólo a un 6,4% por ciento de la población andaluza se le habría concedido» y recuerdan que el público objetivo de la Renta Mínima de Inserción, es decir, «el porcentaje de población andaluza en situación de pobreza se acercaba al 30%».
Los autores utilizan como valor de referencia para el umbral de riesgo de pobreza el establecido por Eurostat, que parte del 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo, y como pobreza severa la de las personas con rentas inferiores al 40% de esa mediana.
Los autores señalan que los valores para los umbrales de pobreza son de 8.522 euros y 6.871 euros, a nivel nacional y andaluz, respectivamente, mientras que los umbrales de pobreza severa son 5.681 euros y 4.581 euros, igualmente para la escala nacional y andaluza.
La metodología que han empleado los autores se apoya en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2017, que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) con información de 1.409 hogares andaluces, y han realizado 15 entrevistas y 2 grupos de discusión en Sevilla, Cádiz y El Puerto de Santa María (Cádiz), de las cuales 12 entrevistas fueron a beneficiarios, y tres, a personal técnico.
Estepa Maestre, Jiménez García y Roca Martínez evalúan la repercusión de la Renta Mínima de Inserción en lo cuantitativo, pero también abordan «una serie de inconvenientes que profundizan en sus limitaciones».
En el análisis del detalle aseguran los autores que han encontrado «más de una decena de limitaciones de esta política», entre las cuales han enumerado «la complejidad burocrática, los elevados retrasos en la resolución, la baja cuantía y la falta de información y de personal en la administración».
En el desglose, los autores apuntan aspectos que dificultan la percepción de la Renta Mínima de Inserción, entre los cuales enumeran la dificultad para rellenar la solicitud y aportar la documentación, «que deja fuera a un número potencialmente elevado de perceptores», a la que añaden «el elevado retraso en la resolución, que alcanza los ocho meses en algunos casos», así como «la posibilidad de percibir la prestación con carácter retroactivo, la baja cuantía de la prestación, la incompatibilidad de la prestación con el empleo a tiempo parcial o la deficiente difusión de esta política».
