- Critican el incumplimiento de las ratios máximas permitidas, la pérdida de empleos docentes y el deterioro del sistema de educación público andaluz
Califican de “extremadamente preocupante” la posible pérdida de la bonificación de la matrícula universitaria y la el aumento de la FP privada-concertada
Hoy, día oficial de la apertura del curso escolar para Educación Infantil y Primaria en Andalucía, una veintena de organizaciones y más de un centenar de profesores y profesoras han firmado un documento en defensa de la educación pública en Andalucía. En él denuncian el cierre de unidades, que supone la reducción de más de 8.000 plazas educativas en las escuelas públicas de 0 a 16 años, colegios rurales y centros específicos de educación especial, el incumplimiento de ratios máximas permitidas y la pérdida de empleos docentes.
En la rueda de prensa han participado Amparo Grosso Zaragoza, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Cristina Faciaben Alonso, de FASE CGT, Estela Gil de la Parte, de la Confederación andaluza de asociaciones de padres y madres del alumnado por la educación pública (CODAPA), Juan Helios García Guzmán, de Frente de Estudiantes Andalucía, y Miguel Ángel Castillo Sánchez, de la Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA).
Para las entidades y personas firmantes, la aplicación de “políticas de liberalización diseñadas y puestas en marcha por del nuevo Gobierno andaluz están produciendo un deterioro y desmantelamiento progresivo del sistema de educación público andaluz, entendido desde los 0 años a la enseñanza universitaria”.
Aseguran que el descenso demográfico de la población andaluza, hecho innegable, “no explica por sí solo el cierre de unidades en centros públicos , que viene produciéndose desde hace años y vuelve a tener lugar este curso – que comienza con 333 líneas menos -, ya que el número de unidades en centros privados concertados prácticamente se ha mantenido estable, e incluso se ha incrementado en algunos niveles educativos.”
Quienes suscriben el documento, entre los que se encuentran organizaciones educativas, sindicatos, asociaciones de derechos humanos, feministas, memorialistas y antirracistas, entre otras, critican que a pesar de las declaraciones del consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, en las que afirmaba que Andalucía arranca el curso con la ratio más baja de la última década, con 21 alumnos y alumnas por aula, “la realidad es que en la comunidad autónoma se superan las ratios de forma ilegal -con más de 25 alumnos y alumnas– en infinidad de unidades”.
Por otro lado, explican, también está teniendo lugar una fuerte pérdida de empleos docentes en el sector público, que “se ceba en el numeroso colectivo de personal interino”. Del mismo modo, la precariedad está siendo especialmente dura con los trabajadores y trabajadoras de servicios subcontratados, como son el personal de comedor, transporte escolar, administración y limpieza, así como con aquellos que apoyan al alumnado con necesidades educativas específicas.
Asimismo, el aumento de la Formación Profesional privada/concertada y la posible anulación de la bonificación de matrícula en las universidades andaluzas son otros elementos que señalan como “extremadamente preocupantes”.
En cuanto a las infraestructuras, recuerdan que hay muchos centros educativos públicos con retrasos en obras de bioclimatización que, sentencian, “no pueden seguir posponiéndose”. Además, añaden que “la reciente ampliación de financiación en este sentido a los centros concertados supondría la pérdida de la inversión pública en caso de que el concierto se perdiera”.
Los colectivos y demás firmantes del documento consideran que “se están cuestionando principios que ya cuentan con el consenso de la sociedad andaluza”, como son el feminismo, el laicismo, la memoria histórica, el reconocimiento de las diversidades y la ecología. Afirman “querer aulas tan diversas como diversa es la sociedad andaluza” y consideran que “solo la educación pública es garantía de una sociedad participativa y libre, que asegure la igualdad de oportunidades”. Es por ello que concluyen afirmando que “cualquier ataque a la educación pública supone socavar un derecho humano fundamental”.
