Unión Cívica del Sur de España (Civisur) ha celebrado este viernes en Málaga la ‘Jornada sobre el estado del Urbanismo en Andalucía. Análisis y nuevos enfoques’, donde diferentes expertos han coincidido en pedir mayor independencia de los ayuntamientos andaluces para la administración urbanística.
La jornada ha sido presentada y clausurada por los coopresidentes de Civisur en Málaga y Sevilla, Luis Merino Bayona y Manuel del Valle Arévalo, respectivamente, y moderada coordinador de la comisión de Urbanismo de Civisur, Francisco Barrionuevo Ferrer.
El ha reunido en el Salón de Unicaja de la Plaza de la Marina de la capital malagueña a diferentes expertos que han insistido en el análisis crítico de lo que Civisur ha denominado el «laberinto del urbanismo andaluz», cuyas coordenadas se mueven entre la maraña de un corpus legal y normativo constituido por un cúmulo de 235 textos legales (151 autonómicos y 84 estatales) entre leyes, reales decretos, decretos-ley, decretos, órdenes o resoluciones.
Esta situación viene definida por tres condiciones que repercuten negativamente en la práctica de la actividad que la acción del urbanismo tiene encomendada, han explicado.
Éstas son tiempos desmesurados de tramitación de planes y proyectos urbanísticos en clara contradicción con la razón de ser y la finalidad de la planificación urbana; inseguridad jurídica de los administrados ante las administraciones públicas: arbitrariedad de las normas, de los controles sectoriales y de las determinaciones de planeamiento, así como de las motivaciones, tanto expresas como implícitas, de las mismas; y excesiva intrusión competencial de la Administración regional en detrimento de la autonomía municipal y la participación ciudadana.
La jornada ha contado con la participación del ponente Luis Felipe Alonso Teixidor, profesor titular de la Escuela TS. De Arquitectura de Madrid, quien ha desarrollado su intervención en el marco de ‘La ciudad contemporánea y la crisis sostenida del urbanismo español’.
Teixidor ha sostenido que «la intensidad y velocidad de los cambios habidos a lo largo de más de cuarenta años en las esferas de la economía, la política o la cultura y, por tanto, en los procesos urbanos, las formas de la ciudad y en la urbanidad misma, choca con el comparativo estancamiento de una institución como la urbanística, que debería mantener una razonable sintonía con la dimensión y el ritmo de los cambios sociales de un país».
El profesor ha insistido en que «pese a los ajustes y modificaciones efectuadas por las distintas Comunidades Autónomas en sus legislaciones urbanísticas en décadas pasadas, la sustancia de la construcción de la ciudad sigue anclada en ciertas condiciones establecidas en la pionera legislación de mitad de los años 50 del pasado siglo».
Esto «por otra parte, ofrecía respuestas técnicas bastante adecuadas (ciertamente susceptibles de mejoras posteriores) a las exigencias básicas y el carácter de los procesos urbanos surgidos de la industrialización de la economía española y la urbanización de la población puestas en marcha en aquellos años», ha añadido.
«El problema de la recomposición de nuestro urbanismo ante las transformaciones de la sociedad y la ciudad pos-industrial es de una enorme magnitud, y exigiría esfuerzos de trabajo y debate que ni están ni se esperan en el momento en que vivimos», ha afirmado Teixidor.
La ponencia ha tratado de enunciar alguno de los problemas urbanísticos significativos derivados de los cambios en el espacio urbano y en la urbanidad contemporánea, así como alguna hipótesis de trabajo para evaluar posibles salidas.
Por otro lado, el secretario general del Ayuntamiento de Málaga y profesor titular de la UMA y ex secretario general del Ayuntamiento de Sevilla, Venancio Gutiérrez Coromina, ha expuesto que «la conferencia contiene una serie de nuevas soluciones para mejorar la legislación andaluza, habiendo sido incorporada algunas de ellas, con éxito a otras legislaciones autonómicas».
Entre estas propuestas ha destacado «un régimen simplificado de planeamiento y gestión para pequeños municipios, la atribución a los Ayuntamiento de la aprobación definitiva de los Planes Generales, una nueva regulación de los instrumentos jurídicos financieros para la rehabilitación y renovación del Suelo Urbano, una mejor y más rápida regularización de las edificaciones en SNU, la recepción y conservación de las urbanizaciones por imperativo legal, instrumentos alternativos a la licencia urbanística y nuevos usos sociales del Patrimonio Municipal del Suelo, incluyendo el fomento del empleo».
Por otro lado, el arquitecto y ex director general de Urbanismo del MOP, Damian Quero Castanys, ha desarrollado en su intervención los ‘Motivos y enfoques para la regeneración del sistema de planeamiento en Andalucía’.
Ha expuesto en primer lugar «la absoluta inadecuación de la legislación y la práctica, que siguen hoy basadas en conceptos de ciudad y modos de planeamiento de los años 50 del siglo pasado».
«La legislación no se ha actualizado en sus conceptos pero se ha complicado hasta configurar un sistema de normas rígido y excesivo que es ya inviable para gestionar el desarrollo, y es causa de las demoras inconcebibles de diez, quince o más años para aprobar los planes de urbanismo», ha indicado.
Otra causa de la insostenible situación del urbanismo andaluz es «la imposición inapelable por cada administración sectorial (carreteras, ferrocarriles, transportes, comercio, turismo, hidráulica, puertos, costas, aeropuertos…) de sus criterios, localizaciones y proyectos dentro de los planes. Ello convierte a los planes municipales en una mera suma de decisiones verticales de ministerios y consejerías, mediante la técnica de informes vinculantes, que además tardan años en resolverse», ha aseverado Quero.
Sobre ello, «la administración urbanística de la Junta de Andalucía ha aplicado hasta ahora su potestad de planificación territorial para hacer intromisiones excesivas en las competencias municipales, imponiendo decisiones que competen a los ayuntamientos» ha garantizado el arquitecto.
«Finalmente la legislación de evaluación ambiental, contrariamente a los criterios europeos, ha alcanzado tal complejidad, exceso y discrecionalidad administrativa, que demora sus decisiones entre dos y cinco años, a la vez que es incapaz de asegurar resultados de calidad», ha dicho.
Al respecto ha apuntado que la «regeneración de la legislación y de la administración se ha hecho perentoria. La economía se resiente de los plazos intolerables de los trámites y se lastra a las actividades con costos financieros desmesurados para obtener las aprobaciones. Los cambios, a la vez que son urgentes, han de ser de mucho calado», ha asegurado Quero.
Por su parte, el presidente de FADECO-Promotores, Francisco Martínez Cañavate, ha expuesto la visión desde su posición al frente de la presidencia.
Para finalizar, en representación de la Administración pública han asistido el director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José María Morente del Monte, y el viceconsejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Jaime Raynaud Soto, para escuchar las propuestas de la sociedad civil y exponer el proyecto político que pueda dar respuesta a la situación urbanística actual en la región.
