El Partido Popular (PP) y tres de sus empleados se sientan este viernes en el banquillo de los acusados por el borrado de varios discos duros que habrían almacenado información sobre la financiación irregular de la formación, según indicó en su momento su extesorero Luis Bárcenas.
La vista oral comenzó en la mañana de este viernes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid, reanudando así este accidentado caso, que había sido archivado y reabierto posteriormente, y del que llegó a desaparecer el sumario completo. La dedicación de las acusaciones populares, encabezadas por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), ha permitido su reconstrucción.
De esta manera, estas mismas acusaciones han mantenido la causa frente a la oposición de la Fiscalía de Madrid, que reclama la absolución de los acusados al entender que no ha quedado acreditado qué tipo de información contenían los ordenadores borrados, ni que esta fuese «relevante» para los hechos que se investigaban, que no eran otros que la existencia de una caja ‘b’ en el seno del Partido Popular.
Por su parte, la defensa del PP, basándose en que tanto el supuesto perjudicado por el delito (el extesorero Bárcenas) como la Fiscalía regional se abstienen de ejercer acusación, ha intentado evitar, durante el trámite de las cuestiones previas, que el PP no figure como acusado en la causa.
Finalmente, el juez Eduardo Muñoz de Baena ha acordado retrasar la resolución sobre esta cuestión hasta la sentencia, manteniendo al PP en el banquillo. También se ha acordado que Bárcenas declare como testigo presencial, y no por videoconferencia, como había solicitado.
Ocultar pruebas
En un auto emitido el día 30 de noviembre de 2017, la jueza del juzgado número 32 de Madrid, Rosa María Freire, señaló indicios sólidos de que el PP borró y rayó 35 veces los discos duros de los ordenadores de Bárcenas hasta destruirlos por completo.
El objetivo de esta acción habría sido ocultar pruebas en el caso de la ‘caja B’ de la formación, que se investigaba en la Audiencia Nacional, y que juzgaba la presunta existencia de un sistema de pagos a altos cargos del partido en dinero negro. En esa investigación judicial, Bárcenas confesó una supuesta financiación ilegal de su formación política.
La jueza estimó la existencia de una «íntima conexión entre los delitos objeto de acusación, los daños informáticos y el encubrimiento».
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