El Sindicato CCOO de Málaga ha rechazado las cuentas para este año que está previsto que apruebe hoy la Junta de Andalucía, ya que según la organización sindical, se desconoce aún cómo repercutirán estos presupuestos en las condiciones laborales del personal que trabaja en el área pública y en el servicio que se ofrece a la ciudadanía. En el caso de la provincia pueden verse afectadas unas 75.ooo personas trabajadoras.
Esta organización sindical rechaza las cuentas para 2019 que ha aprobado esta mañana la Junta de Andalucía en un Consejo de Gobierno extraordinario. Al respecto, CCOO ha manifestado desconocer cómo repercutirán estos presupuestos en las condiciones laborales del personal que trabaja en el área pública y en el servicio que se ofrece a la ciudadanía.
En el caso de la provincia pueden verse afectadas unas 75.000 personas trabajadoras. De ellas, unas 19.000 están en el sector de la sanidad, unas 22.802 en enseñanza y el resto, algo más de 33.000 personas trabajan en ayuntamientos y delegaciones de la Junta en Málaga, entre otras.
Al respecto, en la reunión convocada ayer por el Gobierno andaluz de la Mesa General de la Administración, donde se presentó a los sindicatos el anteproyecto de Ley del Presupuesto, CCOO ha manifestado que “no hay voluntad alguna ni se deja margen de negociación real para los presupuestos”.
CCOO, a falta de conocer exhaustivamente cada una de las partidas económicas, no tiene claro cómo se va a efectuar el necesario impulso de los servicios públicos y del sistema de protección social de Andalucía con la notable reducción de ingresos vía impuestos que plantea el anteproyecto.
A su vez, el sindicato ha señalado que no comparte las medidas para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos a los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y protección social), pues se condiciona la cobertura de sustituciones en sanidad y educación al informe favorable de la Consejería de Hacienda.
En materia de oferta de empleo, CCOO lamenta que dicho anteproyecto no recoja lo acordado entre la Administración y los sindicatos en el Acuerdo Marco de la Mesa General de 13 de julio de 2018, que fijaba la tasa de reposición en un 108%, habiendo optado la Administración por una redacción tan ambigua como “el máximo legal que permita la legislación básica”.
A su vez, el sindicato manifiesta que tampoco se hace ninguna referencia a las ofertas de estabilización e incluso se especifica una limitación de nombramientos eventuales e interinos, lo que consideramos otro incumplimiento del Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018.
Por otra parte, el anteproyecto recoge que se habilita a la Consejería competente en materia de Administración Pública para adecuar la relación de puestos de trabajo a la plantilla presupuestaria, mediante la aprobación de las modificaciones que resulten necesarias, manteniendo las vacantes imprescindibles para la prestación de servicios esenciales y para la resolución de los procesos de provisión de los puestos de trabajo.
El sindicato señala que además en el documento se autoriza el nombramiento de extranjeros extracomunitarios como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sin que antes haya sido negociada esta medida en la Mesa Sectorial de Sanidad y obviando que, previamente, se deberían incrementar al máximo posible las plazas de formación sanitaria especializada y mejorar las condiciones de trabajo y las retribuciones del personal del SAS para que los profesionales no opten por irse a otras comunidades o incluso a otros países.
Por otro lado, CCOO critica que tampoco se contempla la recuperación de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012 en materia de acción social, tal y como estaba acordado y aprobado por el Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2016.
Con respecto al destino de los fondos adicionales de conformidad con lo establecido en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, ratificado y adaptado por el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, esta organización sindical postula que ya está establecida y acordada la distribución de dichos fondos, por lo que rechaza “la redacción ambigua” que se le da en el anteproyecto de Ley.
