- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) alerta sobre el estado de emergencia social y habitacional que sufre la región y exige actuaciones urgentes
- Andalucía tiene 12 de los 15 barrios más pobres y 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de paro del Estado español
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado la cronificación de la pobreza y la exclusión social, “consecuencia directa de la aplicación de las políticas de austeridad”. Es la realidad que para la organización se desprende de los datos del barómetro de Indicadores Urbanos 2019 que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), y que mide la calidad de vida de los municipios mayores de 20.000 habitantes en Europa.
El informe constata el estado de emergencia social que azota a Andalucía, que se sitúa a la cabeza de la desigualdad del país con 12 de los 15 barrios más pobres del Estado español; de los cinco más pobres de esta lista, cuatro son andaluces, liderados por el Polígono Sur y Los Pájaros-Amate. La región también ostenta en 2018, 11 de las 15 ciudades con mayores tasas de paro. Al igual que el año anterior, Linares (32,8%), La Línea de la Concepción (29,9%) y Sanlúcar de Barrameda (29%) encabezan el ranking.
Asimismo, las 12 de los 15 municipios con menor renta anual por habitante también están en la comunidad andaluza. Las tres primeras, al igual que el año anterior, son Níjar (Almería), ahora con 6.253 euros, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con 6.550 euros, y Alhaurín el Grande (Málaga), con 6.629 euros. Por el contrario, Pozuelo de Alarcón en Madrid, con sus 26.000 euros, casi cuadriplica estas rentas.
Además, cuatro ciudades gaditanas se encuentran entre las siete que tienen menor esperanza de vida. El informe indica que La Línea de la Concepción fue la única de las 126 ciudades estudiadas con una esperanza de vida al nacimiento inferior a 80 años.
Para la organización, “si a estos datos les sumamos el elevado número de lanzamientos habitacionales, 9.175 en el pasado año 2018 (a una media de más de 25 desahucios diarios, según el Consejo General del Poder Judicial), el elevado número de familias que se ven obligadas a ocupar una vivienda por falta de ingresos suficientes para afrontar un alquiler de renta libre, y la inexistencia de viviendas públicas en régimen de alquiler social, nos enfrentamos a una situación de emergencia habitacional”.
Por otro lado, critica la APDHA, los recortes en recursos, tanto económicos como humanos han afectado seriamente a los Servicios Sociales, lo que lleva en algunos casos a generar la espera de un año para obtener una cita. A ello se le suma, “la ya por si insuficiente y discontinua Renta Mínima de Inserción, concebida por la Junta de Andalucía como solución frente a estas carencias, tampoco está a la altura”. Entre otras cuestiones, denuncian, no ha validado el 77,5% de las solicitudes presentadas para su percepción. Sólo 18.000 de las 80.000 peticiones han sido atendidas, dejando desprotegidas a numerosas familias.
Los Planes de Intervención en Zonas Desfavorecidas, o sus nuevas variantes, afirman, “son altamente insuficientes, ya que la falta de partidas presupuestarias acordes generan frecuentes interrupciones, rotación de personal, y demás deficiencias”. Todo esto motiva, según la asociación, que buena parte de los más de 3,1 millones de andaluces (37,1%) en riesgo de pobreza y/o exclusión social “están hoy abandonados por las administraciones públicas, instituciones concebidos por el Estado de derecho como garantes del cuidado y auxilio de las personas más desprotegidas”.
Esta situación de inacción y abandono, se acrecienta enormemente en las barriadas periféricas donde la juventud está siendo arrasada por el paro y las adicciones, convirtiéndose en fácil presa de las redes delictivas, aseguran. Esta es una de las causas, señalan, del incremento de la inseguridad en los barrios empobrecidos, enrareciendo con ello la necesaria convivencia vecinal.
La APDHA exige de los Gobiernos municipales, autonómicos y nacional, actuaciones urgentes que garanticen el respeto de los derechos humanos, para lo que será necesario declarar a ‘Andalucía tierra libre de desahucios’, adjudicando de manera inmediata las viviendas públicas vacías propiedad de AVRA (Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía) y de las corporaciones municipales y creando un verdadero parque público de vivienda social.
También, apuntan, dotar a los barrios abandonados de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de calidad. Proponen diseñar programas de empleo y espacios para la formación y recreo de nuestra juventud, garantizar la estabilidad y la continuidad en la prestación de los programas de refuerzo a la dependencia y de ayuda a domicilio y abandonar el “comportamiento pasivo y complaciente con el deterioro de los barrios periféricos”, regularizando la tenencia de las viviendas para las familias necesitadas y actuando con energía contra los grupos delictivos que imposibilitan la convivencia vecinal.
Por último, la organización plantea la revitalización de los Servicios Sociales Comunitarios, garantizando los presupuestos suficientes y adecuados para crear un sistema de servicios sociales públicos y universales, la remunicipalización de los servicios privatizados o externalizados, la agilización de los expedientes pendientes de aprobación para la percepción de la Renta Mínima de Inserción Social ya iniciados, hasta su sustitución por una Renta Básica Universal e Incondicional que garantice unas condiciones de vida digna para todos los andaluces.
