La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento provisional para la edil del equipo de gobierno del PP en Málaga Tersa Porras en el caso de las presuntas «injerencias políticas» en la tramitación de expedientes de infracciones y restablecimiento de la legalidad, en concreto en la urbanización Villas del Arenal.
Así, según han informado a Europa Press fuentes fiscales, el ministerio público considera que la intervención que se ha acreditado en este procedimiento que tuvo la edil no encaja en ningún delito, «no es relevante penalmente».
El representante de la Fiscalía Anticorrupción ha remitido ya el escrito con este pronunciamiento al Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que lleva el caso y que ya cuenta con otra petición de archivo por parte de la defensa de Porras. El magistrado deberá ahora resolver al respecto.
Este caso comenzó tras llevar el grupo municipal de Ciudadanos –al que se unió luego PSOE y Málaga para Gente– las manifestaciones realizadas por exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas a la Fiscalía, que abrió unas diligencias y tomó declaraciones a esos excargos.
Asimismo, el ministerio fiscal presentó una denuncia ante el juzgado, pidiendo la declaración como investigados de Porras; del gerente de urbanismo, José Cardador; y del edil Francisco Pomares, responsable de este área, que comparecieron ante el juzgado el pasado 25 de abril.
Los excargos de urbanismo también han declarado, pero como testigos, manteniendo lo dicho en esa comisión municipal, en la que señalaron que la «injerencia política» comenzó con la llegada del edil Pomares y el gerente, y relataron que las acciones que le encomendaban hacían «sumar y dilatar tiempos» en el expediente de Villas del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo ‘b’.
Inicialmente el ministerio público pedía en su denuncia que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación, pero, tras declarar los investigados, el fiscal desvinculó este último delito del caso tras recibir un informe en el que se señalaba que no se podía cuantificar el perjuicio patrimonial y por no encajar dicho delito tal y como estaba tipificado en 2013 en los hechos que se investigan.
Asimismo, el fiscal también desvinculó ya a Porras del delito de falsedad documental, que se mantiene por el momento en el caso de Pomares y Cardador, junto a los de prevaricación y tráfico de influencias.
