El abogado defensor de los ediles del PP en el Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras y Francisco Pomares ha asegurado este jueves que pedirá el archivo de la causa de presuntas injerencias en la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos en Villas del Arenal, en cuanto terminen las declaraciones de los testigos previstas el próximo 7 de mayo.
Porras, Pomares y el gerente de urbanismo, José Cardador, cuyo abogado también pedirá el archivo del procedimiento, han declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que lleva la causa, y no han contestado a las acusaciones populares, que son PSOE, Málaga para la Gente y Málaga Ahora.
El letrado José Carlos Aguilera ha asegurado que los expedientes de Villas del Arenal «están siguiendo la misma tramitación que otros y no están teniendo ningún trato especial», incidiendo en que pedirá el sobreseimiento una vez terminen las declaraciones previstas, al considerar que «no hay fundamentos para que las diligencias continúen abiertas».
La causa se inició tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía malagueña en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.
Así, el abogado de Porras y Pomares ha manifestado en declaraciones a los periodistas que «el fiscal ha desvinculado los hechos que denuncia del posible delito de malversación en el caso de los tres investigados», de forma que, según ha indicado, «el posible delito de malversación se ha caído de la investigación», algo que otras fuentes del caso no ven tan claro.
Además, en cuanto a Porras, su abogado ha asegurado que también se le desvincula del delito de falsedad documental y por tanto en su caso «la investigación solo es por un posible delito de tráfico de influencia y de algún tipo de colaboración a determinar en el delito de prevaricación».
Asimismo, Aguilera ha indicado que se ha introducido a través de los interrogatorios el que «las pruebas de cargo en los expedientes sancionadores y de reestablecimiento se han obtenido con prueba ilícita», lo que llevaría «a la nulidad» de estos documentos; algo que pondrán en conocimiento de la Gerencia de Urbanismo y también del Juzgado, donde, ha dicho, «alguna repercusión tiene que tener».
En este sentido, ha explicado que en un pleno de 2013 el grupo municipal socialista pregunta en un ruego «por la forma en que el departamento de inspección ha actuado en aquella urbanización, dice la portavoz, a través de medios desproporcionados y con vuelos rasantes»; un comentario al que, según el letrado, «nadie echó cuenta aunque es un hecho de enorme trascendencia jurídica».
Así, ha señalado que «el servicio de inspección se sube en un helicóptero de la Policía nacional y deciden sobrevolar la urbanización toda una mañana, fotografían todo lo que tienen que fotografiar, incluido personas, sin que exista ningún protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Policía, sin autorización del gerente y por iniciativa exclusivamente personal de la que era jefa del departamento de disciplina urbanística».
«Todos los expedientes, tanto los sancionadores como los de reestablecimiento, se inician con la foto que se obtiene de ese vuelo del helicóptero», ha asegurado el letrado, quien ha indicado que esto «sería una prueba ilícita», al haberse obtenido «sin autorización judicial, invadiendo la intimidad de los vecinos y vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio».
Aguilera ha insistido en que esto es «una causa de libro de nulidad radical de las resoluciones que se puedan dictar», señalando que le llama «la atención que nadie haya reparado en esta circunstancia». Por eso, esto lo pondrán en conocimiento de la Gerencia «para que valore si jurídicamente estamos ante pruebas obtenido ilícitamente y por tanto la consecuencia no sea otra que el archivo inmediato de los expedientes».
También se presentará un informe al juzgado sobre esa presunta prueba ilícita para iniciar los expedientes que tendrá «una función clarificadora del episodio Villas del Arenal y el juez de instrucción no creo que pueda hacer oídos sordos a ver un asunto con una prueba ilícita»
