- Denuncian la militarización de las labores de salvamento y el recorte de medios para los rescates en el mar
- “Se quiere que sea Marruecos quien realice los rescates a cualquier precio, incluso el de las vidas humanas”
- Piden el cese del apagón informativo que provoca que las personas estén expuestas a mayores vulneraciones de derechos
Andalucía, 5 de abril de 2019.- Organizaciones de derechos humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) e Irídia y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) denuncian el recorte de los medios de rescate de embarcaciones en el Estrecho y en el mar de Alborán, la militarización de estos recursos y la presión a Marruecos para que sea este país quien realice las labores de salvamento y sea destino de las personas migrantes, a pesar de los distintos informes de entidades de referencia, que denuncian las flagrantes violaciones de derechos humanos que padecen en este país.
Las organizaciones, que se reunieron el pasado mes de marzo con la dirección general de la Marina Mercante y de Sasemar (Salvamento Marítimo), exigen que “en ningún caso se considere a Marruecos como puerto seguro en el que realizar el desembarco de personas rescatadas tanto por Salvamento Marítimo, como por la Guardia Civil”. Ese es el objetivo que se pretende, aseguran, primando un criterio político sobre el de efectividad en el rescate y la protección de seres humanos. “Habrá más muertes”, auguran.
Este “cambio de la filosofía operativa en el Sur”, según las palabras de Benito Núñez, director general de la Marina Mercante, pasa por la dotación a Marruecos de salvamares (lanchas rápidas de rescate), con el objetivo de “proveer a Marruecos de medios marítimos propios”, y la formación de personal militar marroquí, todo ello bajo la supervisión tanto del Estado español y de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
Diferentes informes de entidades tan solventes como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y Amnistía Internacional cuestionan que Marruecos se trate de un “puerto seguro” y describen flagrantes violaciones de los derechos de las personas migrantes que transitan o parten desde Marruecos.
Violencia no justificada, agresiones de toda índole, robos, maltrato por las fuerzas de seguridad marroquíes, redadas, arrestos y expulsiones sin garantías ni respeto a los derechos de las personas afectadas -entre ellas a mujeres y menores de edad-, encierros ilegales, aceptación de expulsiones en caliente sin ninguna garantía para aquellas personas que desean solicitar protección internacional, vulneración de los derechos de la infancia migrante, represión de la población marroquí del Hirak (rifeña y activista), deportaciones a la frontera con Argelia o al sur del país, son algunas de las denuncias descritas por estas organizaciones. También la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) coincide en afirmar que “Marruecos no es un puerto seguro”.
A partir del verano del año pasado, es el mando único de la Guardia Civil quien “coordina el rescate en el Estrecho”. De la reunión se desprende que la flota que habitualmente operaba en el Mar de Alborán y el Estrecho (las embarcaciones Guardamar Calíope, Guardamar Polimnia, Sar Mastelero) se ha trasladado al Mediterráneo norte como Cartagena, Alicante y Baleares, bajo la argumentación de que el buque Clara Campoamor “permanecerá en estas zonas a modo de nave nodriza”, con un papel fundamental en los rescates en la Frontera Sur.
Este barco se ha militarizado al embarcar en él a tres guardias civiles antidisturbios, critican las organizaciones, que cuestionan la efectividad y seguridad de que un solo buque asuma una sección tan extensa de mar, antes cubierta por más embarcaciones.
Asistimos, denuncian, a una militarización y securitización de las migraciones a través de un mayor protagonismo de la Guardia Civil y Frontex, y al desmantelamiento paulatino, a través de recortes en medios y personal, de Salvamento Marítimo, ente de rescate civil internacionalmente reconocido por el saber hacer y la profesionalidad de su plantilla, con el objetivo de que los rescates los asuma Marruecos a cualquier precio, incluso el de las vidas de personas.
Tanto la APDHA, como el SPA e Irídia, piden el cese de los acuerdos con Marruecos, país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes, y con terceros países para que ejerzan de gendarmes de Europa. Al contrario, matizan, “la coordinación con Marruecos debe tener como principio el respeto a los derechos humanos de todas las personas y garantizar que ninguna persona muere por intentar migrar”. Asimismo plantean que el rescate marítimo debe continuar siendo civil y que esté dotado de los medios personales y materiales necesarios para poder ejercer su actividad de forma proactiva y efectiva, tal como Salvamento Marítimo ha hecho hasta ahora.
Además, piden el cese inmediato del apagón informativo que se cierne sobre la Frontera Sur y que provoca que las personas estén más expuestas a mayores violaciones de derechos humanos, por lo que reclaman que se informe correctamente de los rescates que se realizan, tal y como se hacía hace pocos meses.
Por último, las organizaciones exigen una mayor transparencia de los Gobiernos, que deben publicar los protocolos de coordinación de Marruecos respecto a los rescates, las responsabilidades y funciones de la Guardia Civil, Frontex y Salvamento Marítimo, las operaciones y programas de salvamento o protección existentes así como los fondos y sus cuerpos operativos, y detalles sobre la formación que se está ofreciendo, sobre qué unidades y equipamiento se está facilitando a Marruecos y sobre la procedencia de estos fondos.
