Maeztu ha destacado el papel de la institución en materia municipal y su papel mediador entre ciudadanía y administraciones
El defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha explicado que la institución ha gestionado a lo largo de 2018 un total de 10.915 quejas, lo que supone un incremento de 11,2 por ciento respecto a 2017, y entre ellas destacan las relacionadas con la ayuda al alquiler y la Renta Mínima de Inserción Social, de las que pide agilizar su gestión.
Así lo ha explicado Maeztu en la rueda de prensa de presentación del Informe Anual del Defensor del Pueblo Andaluz 2018, entregado este jueves a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.
Concretamente, el defensor ha cifrado en 10.915 el número de quejas tramitadas –7.570 nuevas y el resto tramitadas de años anteriores–, lo que supone un incremento de 11,2 por ciento respecto a 2017. Respecto a las consultas, se han realizado unas 13.117, aumentado en un 26,3 por ciento en comparación con el pasado año. Todo ello ha sumado un total de 24.761 actuaciones por parte del Defensor, que implicaron la atención de 22.001 personas durante 2018.
A la hora de hablar del balance de la institución durante su mandato, Maeztu ha valorado el papel de acercamiento de la institución a las zonas rurales de Andalucía, mediante la visita a comarcas desde 2015. En este sentido, un total de seis se realizaron en 2018, atendiendo a más de 400 personas y realizándose con más de 300 profesionales de los servicios sociales comunitarios.
Al respecto, ha explicado, esta medida busca conocer los problemas específicos de las zonas rurales en materia de sanidad, movilidad o financiero, entre otros. Así, Maeztu se ha mostrado «orgulloso» ante la citada medida, en la que «la oficina del Defensor se trasplanta» a tales zonas.
Igualmente, ha destacado el papel mediador del comisariado parlamentario que dirige a través del Servicio de Mediación que tiene como objetivo resolver los problemas de la ciudadanía con las administraciones. En 2018, tal servicio gestión 154 quejas, un 170 por ciento más que en 2017, que registró 57.
Sobre la citada formula, Maeztu ha señalado que se trata de un proceso «ágil y participativo con una actitud mediadora profesional» llevado a cabo el conjunto de los defensores del país, y que el pasado año obtuvo el respaldo jurídico en el Parlamento andaluz en un primer paso a nivel reglamentario.
ALQUILER, RENTA MÍNIMA Y MENAS
En términos generales, sobre la vivienda, el Informe del Defensor recoge que los problemas sobre dicha materia, dado que gran parte de las quejas recibidas en 2018 se relacionan con el impago de las rentas del alquiler, una medida que «podría evitar los desahucios» pero que su retraso «evidencia un año más fallos en su gestión, lo que ha sido de nuevo foco de las quejas de la ciudadanía».
Paralelamente, el defensor en funciones ha tildado de «logro social» el reconocimiento de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía pero, al mismo tiempo, ha lamentado los «retrasos» de ocho meses de media –dependiendo de la provincia– en su reconocimiento, en lugar de los dos recomendados.
Tales ejemplos, ha dicho Maeztu, evidencian los «defectos de gestión» del sistema que repercuten en la «pobreza y el techo de los andaluces que son cuestiones básicas del Estado de bienestar«, cuyo fallo resulta «muy preocupante» a juicio del defensor del Pueblo Andaluz.
El documento de 2018 incluye la situación de los menores inmigrantes no acompañados (Menas) que llegaron a las costas andaluzas. Ante ello, Maeztu ha recordado que defensores autonómicos y el defensor del Pueblo del Estado trasladaron a sus respectivos gobiernos la «urgencia» de un reparto «solidario, ordenado y equitativo para que la presión asistencial no recayera exclusivamente en aquellos territorios que son puerta de entrada, como Andalucía».
Para ello, la Defensoría del Pueblo andaluz promovió un grupo de trabajo junto a representantes de las Fiscalías de Menores y Extranjería, de las consejerías de Igualdad y Políticas Sociales, de Justicia e Interior, del Sistema sanitario público y del Instituto de Medicina Legal para elaborar un protocolo andaluz que mejore los procesos actuales de determinación de la edad y que recoja las medidas de coordinación entre las diferentes administraciones e instituciones con competencia en la materia.
Además, Maeztu ha avanzado que la institución organizará en octubre en Sevilla y Cádiz las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo tema central será la atención y acogida menas.
En esta línea, el defensor ha indicado que el documento de 2018 incluye investigaciones sobre la situación de las familias de trabajadores temporeros o la actuación de los tres bomberos de Proem-Aid que fueron acusados de tráficos de personas cuando ayudaban a personas en riesgo en el mar, entre otros asuntos.
Asimismo, el Informe recoge actuaciones de protección de espacios naturales, como en el caso de Doñana, en el defensor ha mostrado su «satisfacción» ante la decisión de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de aprobar el cierre de los pozos ilegales de la zona y la detención del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo.
ACTITUD «CRÍTICA» DE LA SOCIEDAD
Como balance final, Maeztu ha señalado que pese a que el impacto de la crisis económica continúa en Andalucía, en la actualidad la sociedad «ha reaccionado con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos». «Ahora somos más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación. Gracias a esta reacción, la sociedad está logrando la consolidación de muchos de ellos y que hoy se consideren, por todos, derechos indiscutibles», ha agregado.
Dado que los andaluces «ya no toleran pasos atrás en los derechos conquistados», el Defensor del Pueblo Andaluz ha elaborado un «decálogo de principios irrenunciables» como objetivos cuyo cumplimiento sería la «mejor satisfacción» para Maeztu. Así, entre los principios se encuentra «una educación de calidad, inclusiva y que fomente la igualdad de oportunidades; una sanidad que permita vivir saludablemente, o renta básica, techo digno, y acceso a luz y agua garantizados».
Las propuestas también reclaman para el futuro «respuestas judiciales y administrativas sin dilaciones indebidas; la defensa de las personas mayores y de la infancia; la atención a las personas con discapacidad; la igualdad de hombre y mujer; la igualdad de las personas con independencia del lugar de nacimiento; el respeto a la sostenibilidad y al patrimonio, y la participación, la transparencia, la cercanía y la mediación de conflictos».
