El Juzgado de Primera Instancia número 19 de Málaga ha dictado una sentencia que estima parcialmente la demanda presentada por una paciente malagueña de 34 años y que condena a una aseguradora médica a indemnizarla con la cantidad de 199.316 euros por los daños causados tras un parto en un hospital privado de la capital.
La demandante era titular de un seguro de salud y asistencia sanitaria prestada por la demandada a través de un seguro para funcionarios públicos, que permite elegir dentro de su cuadro hospitalario quién iba a encargarse del seguimiento y embarazo, encontrándose el 26 de febrero de 2016 en la etapa final del mismo.
Dada las contracciones que presentaba se decidió su ingreso en el hospital privado y a las 21.30 horas de ese día dio a luz a su hijo por parto natural, según han informado en un comunicado desde ‘El Defensor del Paciente’, asociación que ha representado en este caso a la mujer, a través del letrado de los servicios jurídicos Damián Vázquez. La sentencia no es firme.
Como se hace constar por el abogado en su escrito de demanda, tras dar a luz, la mujer comenzó a tener sensación de frío constante, temblores e incluso se desmayó, perdiendo la consciencia durante dos minutos. Tras este episodio salió un gran coágulo de sangre y posteriormente presentó un fuerte dolor abdominal, en la fosa ilíaca izquierda, diagnosticándola de cólico nefrítico.
Cuando comentó al ginecólogo la situación clínica «no se le dio la mayor importancia, ni se tomó una actitud diligente», señalan desde ‘El Defensor del Paciente‘, apuntando que la visitó el urólogo y aunque le dijeron que le realizarían un TAC «lo que le hicieron fue una ecografía del aparato urinario».
Al persistir la situación, las enfermeras avisaron al doctor, quien, sin visitar a la paciente, prescribió la realización de una analítica de sangre y orina, «arrojando unos resultados fuera de la normalidad». El facultativo con los resultados de la analítica presentes estableció un diagnóstico de sepsis grave de origen abdominal, posible apendicitis.
Se volvió a solicitar por los facultativos un TAC abdominal, «que tampoco se realizó», dice la asociación, «porque el aparato TAC estaba estropeado» desde días antes y «tardaron en repararlo», según la asociación. Ello motivó que fuera trasladada en ambulancia a otro hospital de la misma empresa en Benalmádena, donde se le realizó esa prueba y fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Según ‘El Defensor del Paciente’, la mujer tuvo que ser intervenida de urgencia y «se le extirpó el útero, la trompa de falopio izquierda y el ovario derecho», constatándose, además, la presencia de bacterias que le provocaron otras secuelas como la necrosis de varios dedos del pie.
La sentencia reconoce «la existencia de varias negligencias médicas, compartiendo los argumentos de la demanda presentada», dice la asociación, apuntando que «reconoce la demora, dolor continuado tras el parto que no cedió por analgésicos, omisión de medios diagnósticos y mal praxis médica».
«Se concluye pues la existencia de un daño imputable a una conducta negligente del sistema de organización del hospital, de su personal facultativo, como determinante del retraso en un diagnostico y agravamiento del cuadro infeccioso, del que debe responder la demandada», señala la resolución.
Para el juzgador, «cabe concluir por tanto que hubo un fracaso de aplicación de medios diagnósticos, que no se pueden situar en un día concreto», apuntando que los síntomas de la paciente exigían «que estando en un hospital se realizaran exploraciones médicas para valorar la localización del dolor y pruebas complementarias tan básicas como un análisis de sangre».
Asimismo, considera que «hubo igualmente un fallo de medios, en lo que se refiere a la prueba de TAC», que «la solicitaron varios facultativos y su retraso desde luego incidió en la toma de decisión del tratamiento a aplicar» y señala que «no consta la existencia de un protocolo de actuación por parte del hospital» para que se resuelvan «con prontitud» incidencias ante averías de este tipo.
