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jueves, noviembre 14, 2024

Finaliza este martes el plazo de los grupos presentar a sus miembros para la comisión de investigación de la Faffe

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Los grupos parlamentarios tienen hasta este martes, a las 19,00 horas, para presentar a sus cuatro miembros (dos titulares y dos suplentes) que participarán en la comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), creada en el Parlamento andaluz y que se constituirá el 25 de marzo.

Así lo aprobó el pasado miércoles la reunión de la Junta de Portavoces de la Cámara andaluza, previo acuerdo unánime en la Mesa del Parlamento, según comunicó la presidenta de la institución, Marta Bosquet, quien precisó que la comisión de investigación se constituirá el 25 de marzo a las 17,00 horas.

La comisión de investigación, solicitada por el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs), se reactivó en el último Pleno del Parlamento, que dio luz verde a su puesta en marcha después de que ningún grupo haya manifestado su posición contraria a la iniciativa de creación.

Es la segunda vez que se crea en el Parlamento andaluz una comisión de investigación encargada de esclarecer la gestión de los fondos públicos, las encomiendas de gestión y subvenciones concedidas a la Faffe desde su creación hasta la actualidad, todo tras conocerse el presunto uso indebido de tarjetas de crédito de la referida fundación para pagar, supuestamente, 14.737 euros en un prostíbulo de Sevilla por parte de un directivo de la fundación y ex miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz.

La disolución del Parlamento andaluz por el adelanto de los comicios andaluces al pasado 2 de diciembre conllevó la desactivación de la comisión de investigación que se creó en la Cámara sobre la Faffe a principios del pasado mes de septiembre, a propuesta del PP-A en esta ocasión.

Entonces, también se creó automáticamente después de que el PSOE-A decidiera retirar el escrito de oposición que presentó en julio para intentar evitar la creación del mismo.

Solo se celebraron dos reuniones, la de constitución, que se saldó con la designación de la diputada del PSOE-A Marisa Bustinduy como presidenta del mismo; y una segunda reunión donde cerraron el plazo para que registrar en el Parlamento sus propuestas de planes de trabajo. La siguiente reunión, cuando Bustinduy iba a elevar una propuesta de consenso sobre el plan de trabajo que regiría su desarrollo, finalmente no se celebró tras anunciarse el adelanto electoral.

POR PETICIÓN DEL GOBIERNO ANDALUZ

La comisión de investigación que ve ahora la luz ha sido reclamada por el Ejecutivo del PP-A y Cs, siendo medida que incluyeron en el acuerdo de gobierno que firmaron las dos fuerzas políticas que forman parte del Gobierno andaluz.

Creada en 2003 como un ente dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta para ocuparse de los fondos públicos de la formación, la Faffe gestionó, hasta su disolución en 2011, más de 300 millones de euros de subvenciones públicas, con el objetivo de fomentar el empleo y las condiciones sociales y laborales, la promoción de los sectores productivos y la cooperación con autoridades e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

Así, al informar de la solicitud del Ejecutivo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, recordó que el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ‘Fiscalización de las subvenciones excepcionales concedidas por determinadas consejerías y agencias de la Junta de Andalucía’ «advierte de que este ente público acumula un total de 55.644.950,80 euros sin justificar en subvenciones excepcionales del Gobierno andaluz».

La Junta indica que las pesquisas policiales apuntan a que la Faffe llegó a ser presuntamente un «sistema paralelo» de la Consejería de Empleo, así como que «existen evidencias de gastos de la fundación, a través de tarjetas opacas, en actividades que nada tienen que ver con el fomento de empleo».

En consecuencia, el Consejo de Gobierno considera necesaria la creación de una comisión de investigación cuyo fin sea conocer, analizar y evaluar «las posibles irregularidades que hayan tenido lugar en las actuaciones realizadas por la Faffe».

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