La Fiscalía Anticorrupción se considera competente para intervenir en el caso de supuestas «injerencias políticas» en expedientes de infracciones urbanísticas de Málaga capital, en concreto en la promoción Villas del Arenal, procedimiento por el que han sido citados a declarar como investigados los ediles del PP del Ayuntamiento Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente de Urbanismo, José Cardador.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, quienes han explicado que la Fiscalía malagueña remitió un escrito exponiendo que este caso fuese asumido por la especialidad y ahora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha respondido favorablemente, señalando que sea la Delegación en Málaga de dicha área la que intervenga en esas diligencias.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga abrió diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía malagueña en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.
Así, el juez señalaba que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias» de los hechos denunciados se deben practicar diligencias, acordando, como pidió el fiscal, que se «oiga en declaración a los investigados, con instrucción de sus derechos» el día 25 de abril.
Además, se fija el día 30 de dicho mes para que declaren cinco testigos, entre ellos los tres excargos de Urbanismo que pusieron de manifiesto estas presuntas irregularidades en la comisión municipal; y para el 7 de mayo otros cuatro testigos, propuestos como los anteriores por el ministerio fiscal.
El fiscal presentó una denuncia contra los concejales del PP y el responsable de Urbanismo solicitando que se les tomara declaración como investigados. Esto se produjo después de llevar a cabo unas diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada en primer lugar por el grupo de Ciudadanos –a la que se sumaron PSOE y Málaga para la Gente– tras las manifestaciones de dos exjefes de urbanismo.
Así, estos excargos indicaron en la comisión, y posteriormente ampliaron ante el fiscal, que la «injerencia política» comenzó con la llegada de concejal Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían «sumar y dilatar tiempos» en el expediente de Villas del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo ‘b’.
