-
La organización denuncia que Andalucía es la segunda comunidad con más desahucios, 25 diarios de media
- Reclama que se incremente el parque público de viviendas en alquiler social
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha pedido que se declare el Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía tras conocer las estadísticas de 2018 que acaba de difundir el Consejo General del Poder Judicial y que sitúan a Andalucía como la segunda comunidad autónoma, después de Cataluña, con mayor número de desahucios en todo el territorio nacional.
El Estado de Emergencia Habitacional exigiría de las autoridades una actuación enérgica e inmediata ante la falta de acceso a la vivienda de miles de familias en Andalucía. En el año 2018, el Consejo General del Poder Judicial cifra para Andalucía en 9.175 los desahucios habitacionales y consolida su tendencia por la que los lanzamientos por alquileres, 5.093, son superiores a las ejecuciones producidas por impago de hipotecas, 4.082. El total de lanzamientos indica que en Andalucía se producen 25 desahucios diarios de media y 14 de ellos por alquiler.
Los datos ponen en evidencia, asegura la organización, que los sucesivos Gobiernos han sido “incapaces de solucionar el gravísimo problema de vivienda que sacude a numerosas familias andaluzas y solo responden con propaganda. Hoy, en nuestras ciudades, se da la irracional e inhumana situación en la que coexisten miles de viviendas vacías detentadas especulativamente por bancos, fondos de inversión y otros grandes tenedores, y miles de familias sin derecho a ellas”.
La asociación denuncia que “esto no es más que la consecuencia de la crisis se ha instalado en nuestra región donde se encuentran 21 de los 30 municipios con menor renta y 11 de los 15 barrios más pobres de España, con más de 800.000 personas en paro, el 37,3% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, con una Renta Mínima de Inserción andaluza insuficiente y excluyente y unos Servicios Sociales minimizados por los drásticos recortes”.
La organización critica que al mismo tiempo que no se garantiza el derecho al uso de la vivienda, “se van abriendo paso y consolidando de forma alarmante, los movimientos especulativos de la turistización y la indeseable gentrificación urbana. Amén de convertir algunas zonas de la ciudad en postales sin vida propia, estas actuaciones provocan un continuo encarecimiento del precio de la vivienda y por tanto del alquiler”.
Por ello, APDHA reclama la necesidad de incrementar el parque público de viviendas en alquiler social, ya que el existente es poco significativo e incapaz de incidir en los precios del mercado. Por último, plantean de nuevo la reivindicación de la vivienda como un derecho humano y no como un negocio y exigen el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española que establece que Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
