MpG quiere que el PP se excuse con los vecinos del Centro que llevan años denunciando una construcción ilegal sobre un edificio protegido
El caso de Villas de Arenal no es el único, como ya ha venido denunciando Izquierda Unida-Málaga para la Gente (IU-MpG) y prueba de ello es el cúmulo de ilegalidades que se ha producido en la calle Echegaray, número 7, donde se ha añadido una nueva planta con dos áticos para dedicarlos a viviendas turísticas, a pesar de que el edificio ostenta la protección de grado I y sobre el que sólo se podría haber hecho una rehabilitación.
Los concejales de este grupo, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, han criticado este hecho porque, además, se tenía conocimiento desde primera hora, ya que los vecinos habían presentado denuncias y alertado desde 2015. Asimismo, la Junta de Andalucía también presentó denuncia, en mayo de 2017 a la Gerencia Municipal de Urbanismo. “El gobierno municipal ha estado inactivo tres años y sólo abrió expediente de infracción un día antes de que fuéramos a ver los documentos”, señala el portavoz de la coalición electoral. También ha mostrado su deseo de “pensar” que la licencia municipal se concedió sin saber que se iba a construir una planta más. “Si fue así, han pecado de negligentes y si lo conocían, han sido copartícipes de una ilegalidad muy grave”.
IU-MpG presenta a la comisión de Urbanismo que se celebra mañana una moción donde exigen al PP que aclare con detalle todo lo que ha ocurrido y que se asuma las responsabilidades por el asunto y se disculpe ante los vecinos por no atender sus denuncias (se adjunta)
Una década anunciando viviendas de protección
Por otra parte, en la comisión de Urbanismo se debatirá otra moción de este grupo municipal con la que se reclama al equipo de gobierno que impulse la promoción de viviendas de protección pública, ante el elevado número de familias inscritas en la lista de espera.
Según datos aportados, cerca de 20.000 personas demandan una vivienda de estas características, de las que 18.300 se han inscrito en el Registro de Demandantes y de ellas, más de 1.500 están en el censo de familias con riesgo de exclusión social.
Durante el pasado año, sólo en 4 por ciento de las viviendas que se proyectaron en la provincia era de VPO y en el caso de la capital, sólo se visaron 224.
Un total de 1.064 viviendas hay previstas (12 promociones) desde hace una década, algunas de las cuales se van incluyendo en los presupuestos cada año, lo que ha sido calificado como “un engaño”.
Zorrilla entiende que no toda la responsabilidad es del Ayuntamiento, ya que las administraciones central y autonómica han dejado de promover, pero eso no es excusa, añade, para que el gobierno local no haya lo que otras ciudades como Zaragoza y Barcelona o la Comunidad Foral de Navarra (gobernadas por la izquierda) que han acudido al Banco Europeo. “Quienes se declaran tan constitucionalistas, son los que primero desprecian derechos fundamentales como el de la vivienda digna”.
