¿Por qué este tema y no otro de los tantos de esta actualidad convulsionada e incierta?
Pues porque quizá es necesario dedicar unas cuantas líneas al problema de base, al fondo mismo del meollo ya que el tráfago diario de las coyunturas impide volver el raciocinio, a las raíces de los problemas. La zozobra nacional y regional en su totalidad se debe a las apetencias del capital. Esta abstracción no debe ocultarnos que los grupos de poder económico, criollos o foráneos, con sus ambiciones supranacionales nuevamente modelan una geopolítica en la que la apropiación de los recursos ajenos se ha vuelto el objetivo. En las líneas de acción que se han trazado sin escrúpulo alguno sobre el tablero internacional, se ha regresado a la política del gran garrote y a la imposición de gobiernos y mandatarios títeres dispuestos a llamar a la invasión externa de sus territorios nacionales.
La novedad quizá podría radicar en que Europa, salvo muy contadas excepciones, apoya también esta política de la imposición generando “la metedura de pata” diplomática más aberrante desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El reconocimiento externo de una autoproclamación presidencial como derecho natural y además sujeto a condicionantes exógenas constituyen una anomalía diplomática digna de aspiraciones neocoloniales absurdas. Todos aparecen convencidos de haber tomado semejante decisión en aras de una ayuda humanitaria y del regreso a un “orden democrático” sin atender unas mínimas normas del derecho internacional y de lo que establece la Convención de Viena, además de los mandatos de Naciones Unidas. La Unión Europea se ha alineado obsecuentemente a la nueva ideología de la “intervención humanitaria”. En el caso de los países latinoamericanos, la decisión asumida por sus “estrategas felipillos” obedece al vasallaje que ha sido renovado oportunamente desde hace meses atrás a raíz de la visita del regidor de colonias, como una de las condiciones de obligatorio cumplimiento para acceder al apoyo del FMI o para mantener la gracia del imperio con la testuz inclinada.
Entonces, todo converge en esa causa inicial, primigenia, que podría expresarse como la voracidad del capital que en sus estadios más recientes, la del neoliberalismo, por ejemplo, lleva a que una conjunción más evidente ahora, entre el poder corporativo transnacional y los Estados industrializados, donde este asume cada vez más el poder de decisión sobre sus economías, sea la que impida que los países en vías de desarrollo decidan soberanamente sobre sus propios recursos y su destino.
Cabe entonces hurgar en esa cuestión ya trillada pero siempre vigente sobre si el capital, o su teatro de operaciones que es el mercado, tienen moral o no. Debe diferenciarse antes de continuar con estas disquisiciones entre dos conceptos a menudo confundidos el uno con el otro: la moral y la ética.
Bajo moral se entiende en la actualidad un patrón de comportamiento, un sistema de normas de acuerdos, de individuos, grupos o culturas con los cuales se aspira a mantener una convivencia digna.
Como ética se entiende hoy por hoy a aquella parte de la filosofía que se dedica a la valoración del comportamiento humano.
En conclusión, la moral es un conjunto de normas implícitas que adoptamos entre todos y todas sin escribirlas en ninguna parte y que nos indican lo que se cree correcto o incorrecto, y la ética explica de dónde nacen esas normas y cuál es su propósito. Es decir, la moral nos indica qué debo y qué no debo hacer cuando mi interés es mantener la convivencia, y la ética me explica por qué debo obedecer a lo que me dicta la moral.
En términos de la moral, vale la pena traer también a colación la noción del riesgo moral una acepción común de la jerga financiera anglosajona con la cual se describe, mejor dicho, fundamenta la asimetría según la cual las ganancias, las utilidades del negocio bancario deben llegar a los bolsillos de los accionistas mientras que el riesgo y las pérdidas se reparten entre la sociedad entera. Así se va demostrando que el mercado está lejos de atenerse a normas de convivencia de interés común.
Según Michael J. Sandel, profesor de Harvard, con la puesta en marcha del neoliberalismo por parte de Reagan y Thatcher allá en los 80 del siglo pasado, se implantó la concepción que los mercados y no los Estados como garantes del bienestar humano. Esta idea fundamentó el patrón de comportamiento del capital para sus trafasías irresponsables que al agudizar la asimetría financiera y económica mundial ha llevado a la aberrante realidad que el 1% más rico de la humanidad posea casi el doble de la riqueza mundial que el 50% de la población más pobre y esto a pesar de las lecciones dejadas por la crisis financiera global del 2008.
De acuerdo con el informe de Oxfam del 2018, el 82% de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. La publicación del informe coincide con los datos del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) que reúne a las élites políticas y empresariales.
En América Latina, la región más inequitativa del mundo, el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total, mientras el 50% más pobre solo accede al 3.5% de la riqueza total. La riqueza de los milmillonarios latinoamericanos creció en 155 mil millones de dólares el último año, dicha cantidad de riqueza sería suficiente para acabar casi 2 veces con toda la pobreza monetaria por un año en la región.
Indudablemente la ausencia de equidad constituye el obstáculo principal para lograr un real desarrollo y no es la entelequia neoliberal de primero crear riqueza para luego provocar el goteo hacia abajo con el que las masas desposeídas podrán acceder al bienestar.
Si regresamos al concepto de lo moral se podrá apreciar que la convención de normas, el sistema de acuerdos, que definen un patrón de comportamiento solo ha regido para una minoría evitando una convivencia digna para la mayoría. Esta conducta ejemplifica lo amoral de su proceder. Por lo tanto, la concepción de que el mercado generaría el bienestar general es una falacia comprobada. Sin embargo, la falsedad campea por sus fueros en la región. En el caso local puede observarse que hay un retorno drástico a políticas neoliberales de hace veinte años o más para mermar la capacidad del Estado e incrementar la riqueza privada por medio de la privatización de la infraestructura estatal camuflada a través de concesiones a largo plazo, tiempo durante el cuál los concesionarios podrán imponer sus tarifas por los servicios y probablemente generar cambios significativos en beneficio propio. Lo curioso es que la crítica a esta intencionalidad no ha cuestionado el principio básico, de por qué razón el producto de la inversión pública debe pasar a manos del lucro privado si este históricamente no ha invertido absolutamente nada en la creación de esa riqueza estructural. Los pretextos presentados son pedestres y se opta de nuevo por la conocida táctica de falsear la situación administrativa y operacional de las infraestructuras a fin de convencer que lo privado es sinónimo de eficiencia mientras que lo público es el paradigma de lo deficiente.
Ante esta situación vale la pena confrontar lo que el World Inequality Lab de la École d’Économie de Paris señala en su Informe sobre la Desigualdad Global 2018 en el que uno de sus autores es Thomas Piketty: “la combinación de privatizaciones a gran escala con el incremento de la desigualdad de ingresos ha potenciado la concentración de la riqueza.” “Las desigualdades económicas están determinadas en buena medida por la distribución de la riqueza, que puede ser de propiedad privada o pública. Desde 1980 se observa en prácticamente todos los países, tanto ricos como emergentes, transformaciones de gran tamaño en la propiedad de la riqueza, que pasa del dominio público al privado. Así, mientras la riqueza nacional (pública más privada) ha crecido de manera notable, la riqueza pública se ha hecho negativa o cercana a cero en los países ricos (las deudas superan a los activos). Esto limita la capacidad de los gobiernos para reducir la desigualdad, y ciertamente tiene implicaciones importantes para la desigualdad de riqueza entre los individuos.”
No obstante lo anterior, el discurso neoliberal dispara para tratar de demostrar la existencia de una orfandad de posibilidades para paliar situaciones críticas en las economías con el argumento que “No hay alternativa”, claro, salvo la receta neoliberal de recortes presupuestarios, de eliminación de subsidios, de venta del patrimonio estatal, de desregulación en los controles financieros, de apertura a capitales foráneos sin control alguno, entre varias otras medidas, el discurso se presenta con fuerza desde los diversos estamentos gubernamentales y pronto podría volverse operativo.
Por ello se hace necesario mencionar al menos una de las opciones que aplicándose con estrictez suficiente podría paliar en buena parte los problemas de falta de liquidez del Estado. Se hace referencia al control de la expedición de facturas comerciales falsas y a la manipulación de los precios en las transferencias. La expedición de facturas comerciales falsas se produce cuando empresas o personas transfieren dinero al extranjero falsificando documentos comerciales por ejemplo, los precios en las facturas de aduanas. Se estima que en esta región los flujos financieros ilícitos relacionados con la manipulación de los precios en las transferencias y la expedición de facturas comerciales falsas representan más del 90% del total de los flujos financieros ilícitos.
Según la organización Global Financial Integrity asentada en Washington DC los flujos ilícitos por sub/sobrefacturación en el comercio exterior del Ecuador con los países desarrollados supera $2300 millones. Se estima que el potencial recaudatorio anual del impuesto a la renta sería de USD 310 millones mientras que por aranceles llegaría a USD 114 millones. Así entonces pueden darse muchas otras alternativas en la gestión económica evitando caer en las recetas neoliberales.
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Jorge Jurado
Jorge Jurado fue Embajador de la República del Ecuador en Berlín de 2011 a 2016. Anteriormente, fue Secretario Nacional de Agua, Subsecretario de Estado de Minas y Director de Asuntos Ambientales de la Municipalidad de Quito. Hasta 2004, Jorge Jurado fue profesor en la Universidad de San Francisco en Quito y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sobre diversos temas ambientales. Había estudiado tecnología energética e ingeniería de procesos en la Universidad Técnica de Berlín.
