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miércoles, noviembre 13, 2024

Familia del fallecido tras sufrir un ictus en sala de espera pide indemnización y medidas que eviten estos casos

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Familiares del hombre que sufrió un ictus cuando estaba en la sala de espera de urgencias del hospital del municipio malagueño de Antequera y posteriormente falleció han presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la que piden que se les indemnice por lo ocurrido e instan a que se tomen medidas para evitar situaciones similares.

Esto se produce después de que la familia presentara en su momento una denuncia por un presunto delito de homicidio por imprudencia médica tras lo ocurrido y el juzgado al que le correspondió investigar el caso por la vía penal decidiera archivarlo, postura que, posteriormente, fue confirmada por la Audiencia Provincial de Málaga.

Ahora, los familiares del fallecido, a través del abogado de la asociación de ‘El Defensor del Paciente’, Francisco Damián Vázquez, –que ha llevado el caso desde el principio– han presentado una reclamación previa por responsabilidad patrimonial, al entender que hubo «un anormal funcionamiento de la administración sanitaria al no haber controlado ni supervisado la estancia del paciente en la sala de espera».

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, no se precisa la cuantía de la indemnización que se reclama para los familiares, sino que esta parte «pospone» la valoración de los daños y perjuicios causados; aunque sí interesa que «se tomen las medidas oportunas al objeto de evitar que en un futuro otro paciente se pueda encontrar en la misma situación» en una urgencia.

Los hechos sucedieron el día 11 de enero del año pasado cuando, estando en su trabajo, el hombre, de 44 años, empezó a sentirse mal, por lo que fue a una farmacia para tomarse la tensión, aconsejándole que acudiera al hospital.

Así, según el escrito presentado, el hombre ingresó en urgencias del Hospital de Antequera sobre las 12.00 horas, quejándose de fuerte dolor de cabeza, desorientación y tensión alta. Le hicieron varias pruebas como analítica, electrocardiograma, tras lo que se le indicó que permaneciera en la sala de espera de urgencias, para recibir los resultados.

Al no recibir noticias los familiares, empezaron a preocuparse, ya que no atendía las llamadas ni mensajes, por lo que contactaron con el hospital, donde les informó de que el paciente «se encontraba prófugo, según la palabra literal que le indicaron» a uno de los miembros de la familia; es decir, que «se habría marchado sin avisar».

Así, los hermanos decidieron acercarse al hospital, donde, según la reclamación, se encontraron con otros pacientes «que les informaron de que su hermano había estado en la sala de espera sentado aparentemente dormido», pero «sin ningún tipo de asistencia médica o control sanitario durante todas esas horas».

De hecho, los testigos le dijeron a la familia que otro paciente avisó a un celador, quien pidió al hombre que se sentara en una silla de ruedas pero «le fue imposible» por lo que tuvieron que ayudarle. Se lo llevó, pero «después de que estuviera aproximadamente cinco horas en la sala de espera sin ser atendido con un ictus«, según el escrito.

Por la gravedad, el afectado tuvo que ser trasladado al Hospital Regional en Málaga capital, donde fue intervenido y días más tarde falleció.

Para el letrado, «existe relación de causalidad entre el daño, en este caso el fallecimiento, con una evidente demora en percatarse de que el paciente estaba en la sala de espera», apuntando que esto se produjo «al no haber controlado ni supervisado» la estancia del hombre en dicha sala, «permitiendo evolucionar el ictus».

Asimismo, esta parte insiste en que «existió una falta de vigilancia y control adecuados de los pacientes» de las urgencias de dicho hospital y una «omisión de medios y cuidados». «No se activó el Código Ictus», se indica, señalando que «llama la atención que el centro hospitalario se desentienda del paciente sabiendo que le habían indicado que debía permanecer en la sala de espera».

Por último, el abogado señala que se dan «todos los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para pedir la responsabilidad patrimonial de la administración».

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