La Fiscalía de Málaga ha presentado una denuncia por el caso de supuestas «injerencias políticas» en expedientes de infracciones urbanísticas en la capital malagueña, en concreto en la promoción Villas del Arenal, que surgió a raíz de la comisión de investigación en el Ayuntamiento.
Así, se insta a que se investiguen posibles delitos y que se tome declaración como investigados a los denunciados, que son los ediles Francisco Pomares y Teresa Porras, y el gerente de urbanismo, José Cardador.Así lo han asegurado a Europa Press fuentes del caso, apuntando que el fiscal señala que, si se confirman los hechos y tras las investigaciones que se realicen por parte del juzgado instructor al que le corresponda, a nivel general podría tratarse de delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación. La denuncia se dirige también contra las personas que puedan aparecer durante la instrucción.
El ministerio público inició unas diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada en primer lugar por el grupo de Ciudadanos –a la que se sumaron PSOE y Málaga para la Gente– tras las manifestaciones de dos exjefes de urbanismo en la comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas.
Así, estos indicaron en la comisión, y posteriormente ampliaron ante el fiscal, que la «injerencia política» comenzó con la llegada de concejal Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían «sumar y dilatar tiempos» en el expediente de Villa del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo ‘b’.
Un equipo del Seprona de la Guardia Civil analizó la documentación presentada por la Gerencia de Urbanismo sobre Villas de Arenal, señalando, según fuentes de la investigación, que de los expedientes sancionadores se archivaron unos 60, la mayoría por prescripción de la infracción y que de otros 83 procedimientos que aparecen sólo en uno se ha cobrado un multa.
Además de pedir al juzgado que admita la denuncia y abra diligencias, según las fuentes, la Fiscalía solicita a la Policía Nacional que investigue la presunta alteración informática de los expedientes, denunciada por el grupo municipal del PSOE; y la posible desaparición de documentos, según dijo uno de los exjefes de urbanismo. También insta a la Junta a que estime el perjuicio municipal por la supuesta falta de tramitación o terminación de expedientes.
Pomares y el responsable de la Gerencia de Urbanismo remitieron a la Fiscalía un escrito sobre la versión de los hechos denunciados y saliendo al paso de las afirmaciones realizadas en la comisión, adjuntando otra documentación relacionada.
